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Desde la sede de la Cooperación Española en Cartagena, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en el marco del cierre de la VIII Cumbre de la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas, emitió un pronunciamiento sobre la reciente escalada violenta perpetrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para resguardar a la población civil y a los menores de edad involucrados en el conflicto armado.
La funcionaria detalló que desde el pasado 29 de septiembre se ha registrado una serie de acciones armadas contra puestos de control y estaciones de policía en la subregión de San Juan, afectando de manera directa a las comunidades locales.
Entre los hechos documentados por la entidad se encuentran hostigamientos al puesto de policía en Condoto, ráfagas de fusil y lanzamiento de granadas desde drones en Nóvita, así como continuos ataques a infraestructuras de la fuerza pública en la zona.
Al referirse al impacto social de esta ofensiva armada, Marín Ortiz enfatizó que, “esto viene dentro de una escalada violenta en varias regiones del país, del ELN en contra principalmente de estaciones de la policía e instalaciones de la fuerza pública, pero que están además afectando a la población civil, generan miedo, restricciones de movilidad, confinamiento, desplazamientos y también afectaciones en daños en personas y bienes civiles”.
Ante esta situación, la defensora exigió a los grupos armados ilegales respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y desescalar las acciones violentas, advirtiendo que la fuerza pública "no es un objetivo que autorice el sufrimiento de las comunidades".
Asimismo, instó al Gobierno nacional, departamental y municipal a atender las recomendaciones emitidas en las alertas tempranas vigentes y a coordinar ayuda humanitaria inmediata para las familias confinados o desplazadas.
Alerta por reclutamiento y muertes de menores
Ahora bien, durante el encuentro con los medios, la defensora del Pueblo abordó la grave problemática del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como los riesgos que enfrentan durante los enfrentamientos y bombardeos lanzados por la fuerza pública contra grupos armados ilegales.
Marín Ortiz advirtió sobre la existencia de un "crecimiento del subregistro debido a la naturalización de la conducta" y al temor creciente de las víctimas para interponer denuncias ante las autoridades locales. Recordó casos dramáticos como el de una niña de 13 años reclutada en abril y hallada sin vida recientemente.
En cuanto al papel y la responsabilidad del Estado colombiano durante los operativos militares donde hay presencia de menores reclutados, la defensora fue enfática en señalar lo siguiente.
“Hay dos responsabilidades: la primera es la de los grupos armados ilegales que incurren en reclutamiento... pero la segunda es el deber que tiene el Estado de reconocer que ellas y ellos no pierden su calidad de víctimas inclusive cuando entran a ser parte de los grupos combatientes. Por eso el Estado debe extremar todos los protocolos de precaución y protección para evitar que menores de edad mueren en operativos militares, no sólo en bombardeos”.
Asimismo, la funcionaria recordó que en los últimos años la entidad ha registrado decenas de muertes de adolescentes en el marco de incursiones de la Fuerza Pública, por lo que urgió a la justicia a investigar y judicializar con celeridad tanto el delito de reclutamiento como las eventuales violaciones a los protocolos de protección a la niñez.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Qué ocurrió con la escalada violenta del ELN en Chocó?
Desde el 29 de septiembre, se han registrado ataques del ELN contra puestos de control, estaciones de Policía e instalaciones de la Fuerza Pública en la subregión del San Juan, Chocó, incluidos hostigamientos en Condoto y ataques con fusiles y drones en Nóvita.
¿Cómo afecta la violencia del ELN a la población civil en Chocó?
Los ataques han generado miedo, restricciones de movilidad, confinamientos y desplazamientos, además de daños a personas y bienes civiles. La Defensoría del Pueblo pidió activar ayuda humanitaria para las familias afectadas.
¿Qué alerta hizo la Defensoría del Pueblo por el reclutamiento de menores?
La defensora Iris Marín Ortiz advirtió sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y señaló que existe un subregistro de estos casos por el temor de las víctimas a denunciar. También recordó la muerte de una niña de 13 años que había sido reclutada.
¿Qué responsabilidad tiene el Estado frente a menores reclutados por grupos armados?
La Defensoría señaló que los menores reclutados mantienen su condición de víctimas, incluso cuando hacen parte de grupos combatientes. Por ello, pidió al Estado reforzar los protocolos de protección durante los operativos militares e investigar posibles vulneraciones a los derechos de niños y adolescentes.
