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La Fundación Forjando Futuros pidió medidas cautelares para que el Estado asegure la representación jurídica, el acompañamiento psicosocial y los medios tecnológicos que permiten a las víctimas seguir las audiencias.
Solicitud ante la CIDH
La Fundación Forjando Futuros presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos de las 634 víctimas que representa ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La organización sostiene que el recorte de más de $170.000 millones al presupuesto de esa jurisdicción pone en riesgo su participación en los procesos judiciales.
Según la Fundación, la reducción de recursos amenaza tres garantías: la representación jurídica, el acompañamiento psicosocial y el acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para seguir las diligencias, algo clave para quienes viven lejos de los lugares donde se realizan.
Riesgos para la participación de las víctimas
Con la solicitud busca que la CIDH requiera al Estado colombiano asegurar los recursos para que las víctimas participen de manera efectiva. Al respecto esto agregó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación.
“En muchas ocasiones no podrían estar participando para preguntar qué fue lo que pasó con sus seres queridos, dónde están sus desaparecidos, qué pasó, por qué los desplazaron, por qué perdieron la tierra. Esas víctimas tienen el derecho a participar de ese proceso judicial de la JEP”.
Víctimas de Antioquia, Chocó y Córdoba
La mayoría de las personas representadas son campesinas de Antioquia y de varios municipios de Chocó y Córdoba. Para ellas, de acuerdo con la organización, la JEP es el espacio para conocer la verdad y exigir respuestas por las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido. La Fundación asegura que su participación es indispensable para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar sus derechos a la justicia y la reparación.
Esta noticia en cinco preguntas
¿Qué solicitó la Fundación Forjando Futuros ante la CIDH?
La organización presentó una solicitud de medidas cautelares para proteger los derechos de las 634 víctimas que representa ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Busca que el Estado colombiano garantice las condiciones necesarias para que estas personas puedan participar de manera efectiva en los procesos judiciales.
¿Por qué la Fundación considera que están en riesgo los derechos de las víctimas?
Según la organización, el recorte de más de $170.000 millones al presupuesto de la JEP amenaza tres garantías fundamentales para la participación de las víctimas: la representación jurídica, el acompañamiento psicosocial y el acceso a herramientas tecnológicas que les permitan seguir las audiencias.
¿Qué medidas busca que adopte el Estado colombiano?
La Fundación pretende que la CIDH requiera al Estado asegurar los recursos necesarios para mantener la representación legal de las víctimas, brindarles acompañamiento psicosocial y garantizar los medios tecnológicos que faciliten su participación en las diligencias judiciales, especialmente cuando viven lejos de los lugares donde se realizan.
¿Qué dificultades podrían enfrentar las víctimas si no cuentan con esos recursos?
De acuerdo con Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación, algunas víctimas podrían tener dificultades para participar en las audiencias y formular preguntas sobre sus familiares desaparecidos, los desplazamientos que sufrieron y la pérdida de sus tierras. La organización sostiene que estas personas tienen derecho a intervenir en los procesos de la JEP.
¿De dónde son las víctimas representadas por la Fundación y qué esperan de la JEP?
La mayoría son campesinos de Antioquia y de varios municipios de Chocó y Córdoba. Según la Fundación, acuden a la JEP como un espacio para conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos que sufrieron, obtener respuestas y avanzar en el acceso a la justicia y la reparación.
