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El país el pasado 4 de agosto se conmocionó por cuenta del escándalo destapado por la Fiscalía General de la Nación sobre una estructura criminal dedicada a hacer interceptaciones telefónicas o chuzadas. En ese momento, se procedió a la captura de dos coroneles y un mayor retirados del Ejército, y a una ex funcionaria del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones quienes conformarían una red de interceptaciones ilegales.
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Aunque poca información se conocía al respecto, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que fue objeto de una estructura que trató de violar su intimidad y la de su familia.
“Hubo una solicitud para chuzar al fiscal”, reveló en entrevista con Red + Noticias advirtiendo, sin embargo, que no lograron ese propósito delictivo.
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En el mismo sentido, dijo que la banda criminal detectada se organizó sobre la base de una empresa en Cali que vendía esos servicios utilizando el programa tecnológico de un hacker en Ipiales.
“Mucha gente fue objeto de esas chuzadas. Hasta indiciados trataron de chuzar a los fiscales de conocimiento”, sostuvo.
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Al respecto, este caso es materia de investigaciones y ya se hicieron algunas imputaciones. En ese sentido, advirtió que hay varias líneas de investigación.
“¿Por qué existen fábricas de chuzadas ilegales o fiscalías paralelas? Hay una degradación de la institucionalidad porque hay sectores de la sociedad que compran las chuzadas (…) es doloroso tener que reconocer que hay empresarios, políticos y agentes del Estado que compraron chuzadas y ahora deberá caerles todo el peso de la ley”, recalcó.
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Al entregar cifras sobre cómo operaba esa banda, el fiscal dijo que en Colombia por 15 días de chuzadas cobran tres millones de pesos.
“Este es un delito oprobioso porque violenta un derecho fundamental como lo es el derecho a la intimidad (…) es muy grave que se haya intentado afectar la intimidad del propio Fiscal General de la Nación”, dijo Martínez.
La próxima semana el fiscal dará a conocer más detalles de las nuevas chuzadas telefónicas que se presentaron en el país. El escándalo de hace unos años se dio por las interceptaciones que se hicieron en el extinto DAS sin orden judicial en contra de magistrados, políticos y periodistas.
