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Con una ceremonia en la cárcel y penitenciaría de media seguridad de Bogotá, La Modelo, el Ministerio de Justicia anunció este lunes la entrega de una vasta dotación de seguridad para los guardias penitenciarios, luego de reclamos del gremio y un aluvión de atentados.
La decisión estatal llegó casi dos semanas después del asesinato de Ismael Rodríguez, el menor de once años abaleado en la cabeza en la vía entre Neiva y Rivera, en Huila. Su papá, Édgar Rodríguez, llevaba apenas diez días en el cargo de director de la cárcel de la capital huilense.
Renato Solano, subdirector del penal, falleció el 21 de enero por las heridas del ataque. Tras sus honras fúnebres, el director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), el coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que entre 2024 y 2025 el personal carcelario recibió unas 850 amenazas.
La oleada de violencia dejó, además, un saldo de diecinueve funcionarios asesinados y treinta heridos, según Gutiérrez. Todo, pese a la emergencia carcelaria que el Gobierno nacional —entonces con Néstor Osuna como ministro de Justicia— declaró en febrero de 2024.
El Ejecutivo intenta atender las intimidaciones. El ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga, presidió la entrega de 315 pistolas, 2.000 máscaras de protección, cuatrocientos chalecos antibalas y 324 camisetas antibalas. Los elementos requirieron una inversión de más de $16.000 millones.
Rafael Sanguino, director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), explicó que los chalecos son "de alto nivel" y están diseñados para "resistir amenazas de armas largas". Las pistolas tienen calibre de nueve milímetros, y las máscaras servirán para atender motines.
Una escalada de amenazas y asesinatos
"La entrega de esta dotación representa para el personal del Inpec una mejora de sus herramientas laborales", expresó Idárraga en el acto protocolario. Pero "no es suficiente para la situación que hoy afrontan en materia de seguridad sus directivos y su personal de guardia", reconoció.
Ismael Rodríguez y Renato Solano no fueron asesinados en la cárcel en la que Solano trabajaba, sino fuera de su jornada. Los funcionarios Édgar y Renato se dirigían al centro penitenciario, pero antes iban a dejar al niño en su escuela, en medio de su primer día de clases.
"Necesitamos que el propio personal del Inpec nos diga cuál es la conexión delincuencial que lleva a que terminen atentando contra la vida de un directivo del Inpec", reclamó el jefe de la cartera del Derecho. El Inpec ha aseverado que los atentados son retaliaciones por los operativos en las prisiones.
Casi dos años atrás, en mayo de 2024, dos sicarios en una motocicleta le dispararon al coronel Élmer Fernández, director de la cárcel Modelo de Bogotá. Salía del establecimiento hacia su casa. Más allá de los riesgos de las labores dentro de los penales, las amenazas persisten afuera.
La manera de atender las arremetidas varía entre sindicatos y guardianes. De hecho, un puñado de manifestantes recibió al ministro Idárraga y al director Gutiérrez con gritos pidiendo una jornada de trabajo de veinticuatro horas por 48 de descanso, defendiendo que así tendrían más seguridad.
El Inpec, la Uspec y el Ministerio de Justicia se reunieron con representantes de las agremiaciones para tratar de llegar a un consenso. Por el momento, la jornada seguirá de doce horas con veinticuatro de descanso, y se sumarán los implementos de seguridad.
Dotación, turnos y medidas pendientes
Idárraga admite que la mayor cantidad de peligros se concentra fuera de las cárceles. En declaraciones a la prensa este lunes, prometió complementar las dotaciones con "medidas tecnológicas que les permitan a los guardias mayores garantías de seguridad y mitigación de riesgos en terreno".
En octubre del año pasado, durante el día de luto que el Inpec declaró tras el asesinato del dragoneante Jimmy flores, el Instituto anunció un bloque de medidas de choque. La Fiscalía y el organismo barajaban las hipótesis de respuestas a operaciones antiextorsión y de corrupción interna.
La principal determinación de entonces era la adquisición de armas de uso personal. Los guardias cuentan con armas de dotación que no pueden utilizar cuando salen de su trabajo, y la propuesta era que comprasen una para llevar consigo, con permiso del Ministerio de Defensa.
Cada guardia podía tramitar su salvoconducto y conseguir su arma "con sus propios recursos", indicó el coronel Gutiérrez en su momento. La Uspec adelantaba licitaciones para camionetas blindadas, camisetas balísticas y chalecos, que ahora se ven reflejadas.
"Acá las medidas nunca van a ser suficientes", dijo el oficial de la Policía. Los más de 16.000 miembros del INPEC permanecían en alistamiento de segundo grado, es decir, en "permanente atención" frente a cualquier llamado.
La crisis carcelaria "no lleva ni uno ni dos años", añadió el director, e insistió en que ha buscado respuestas "más estructurales" con la Procuraduría y "todos los ministerios". "Pero siempre se van a necesitar más recursos", concluyó.
