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Una poderosa red criminal estaría delinquiendo a nivel internacional desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá. El gobierno del derechista Nayib Bukele, en El Salvador, encendió las alarmas y expuso cómo operarían los delincuentes en el interior del penal. El Ejecutivo colombiano respondió.
De acuerdo con el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, el uso ilícito de tarjetas SIM y de celulares desde el centro penitenciario ha afectado con extorsiones e intimidaciones a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Perú, Chile y Argentina.
El ministro de Justicia interino en Colombia, Andrés Idárraga, aseguró que el país no ha recibido ninguna nota formal que soporte las denuncias, pero que, ante las declaraciones de voceros del Ejecutivo de San Salvador a la prensa internacional, ordenó varias medidas de contingencia.
La principal determinación es bloquear la señal de celulares desde la cárcel. El sistema de inhibidores en Cómbita ha sido objeto de disputas legales desde hace varios años. En 2017, por ejemplo, habitantes de la vereda San Martín decían que la tecnología perjudicaba sus teléfonos.
El litigio llevó a que el Tribunal Administrativo de Boyacá ordenara adecuar los inhibidores para que las telecomunicaciones fuera del establecimiento no se vieran tan estropeadas. El punto es que el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) los sigue utilizando para tratar de evitar las extorsiones.
Bloqueo de señal, medida vieja con nuevos reclamo
"Vamos a tomar medidas urgentes en Cómbita, de bloqueo de señales, como lo hemos venido hablando desde el año pasado", afirmó este lunes, 26 de enero, el ministro Idárraga en el establecimiento de mediana seguridad de Bogotá, la cárcel La Modelo, en un acto de entrega de implementos de seguridad.
La administración de Bukele asevera que al menos 101 dispositivos alcanzan a operar simultáneamente desde la prisión para comunicarse con las víctimas, citarlas a zonas despobladas, identificarse falsamente como miembros de carteles mexicanos y exigir altas sumas de dinero.
El ministro Villatoro explicó que se trata de un secuestro psicológico, o sea, un tipo de estafa telefónica sin ningún riesgo físico. "No pueden seguir presentándose situaciones de llamadas al interior de los centros penitenciarios", replicó por su parte el homólogo Idárraga.
"Nosotros no podemos permitir que el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica", insistió el también secretario de Transparencia de la Presidencia, quien le exigió al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) resultados.
Exigencias a las autoridades penitenciarias
El jefe encargado de la Uspec, Rafael Sanguino, deberá reportar "resultados concretos" esta semana, "a propósito del funcionamiento de los bloqueadores en la cárcel de Cómbita". Luego vendrán operativos tanto en ese penal como en el de Valledupar, Cesar, y el de La Plata, en Huila.
Las denuncias de extorsión desde Cómbita no son novedosas, por lo menos en Colombia. En agosto de 2025, por ejemplo, el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) adelantó un operativo que desmanteló un aparente call center en El Barne, la cárcel combitense.
Unos 150 uniformados, con apoyo de drones y detectores de metales, registraron las 303 celdas del establecimiento y decomisaron cincuenta celulares, un iPad, joyas, cinco routers de internet, cuarenta cables USB, treinta cargadores, veinte tarjetas SIM y veintitrés armas cortopunzantes.
Los grupos criminales suplantaban a funcionarios de la Policía y de la Fiscalía para exigir dinero. Un mes después, en septiembre del año pasado, la Presidencia informó de otro operativo, en el que las autoridades incautaron 105 celulares y veintitrés directorios de víctimas.
El ministro Idárraga manifiesta que la medida más radical debe ser dejar a los internos de la cárcel de Cómbita sin celulares. Aunque el Inpec y la Uspec deben implementar mecanismos de comunicación para la población privada de la libertad, "ya no más celulares en Cómbita", expresó.
