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El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela presentada por defensa del expresidente Álvaro Uribe, con la que buscaba recusar a la jueza Sandra Heredia por presuntas vulneraciones al debido proceso. Tras esta decisión, el juzgado podrá reanudar las diligencias de juicio contra el expresidente por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.
La defensa de Uribe solicitaba que se declarara que el juzgado trasgredió los derechos fundamentales y el acceso a la administración judicial, ya que según los abogados del mandatario la juez rechazó la recusación en cuestión de minutos, sin evaluar el fondo de la solicitud.
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Además, la defensa centró su solicitud en que la juez dio consejo o manifestó su opinión sobre el asunto materia del proceso.
Sin embargo, el Tribunal no halló sustento en su argumentación.
”Es llamativo que a pesar de que el defensor postulante realizó una intervención verbal de más de dos horas en la audiencia de juicio oral el 10 de febrero de 2025 y escrita de 44 hojas en la demanda de tutela, no haya expresado cuál fue la manifestación, opinión o consejo que emitió la funcionaria judicial extraprocesalmente, que la dejara inmersa en la causal invocada, por mostrarse abiertamente imparcial contra el acusado”, se lee en el fallo.
Cabe destacar que, en el recurso judicial, se destacaba la constante descalificación hacia la defensa por parte de la juez, así como la priorización de la celeridad procesal sobre las garantías procesales.
También se mencionaron irregularidades en el descubrimiento probatorio y las acusaciones a la defensa técnica, las cuales ocurrieron dentro del proceso.
Al momento de evaluar cada detalle del documento judicial, el Tribunal declaró improcedente el amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, a través de su apoderado.
“Conviene advertir que esta decisión implica el levantamiento de la medida provisional decretada en desarrollo de esta actuación, ya que la misma se limitaba al momento en el que se profiriera decisión de fondo en este asunto, de manera que es imperativo que con miras a velar por los fines de celeridad y eficiencia de la administración de justicia”, indicó el Tribunal.
