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El juzgado 49 penal de conocimiento de Bogotá tumbó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto Gantiva, por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo, al cuestionar entre otros aspectos que el exfuncionario sólo devolvió 150 millones de pesos, pese a que el peculado cometido ascendió a más de 12.000 millones de pesos.
“Para el juzgado, en consecuencia, no se sustenta debidamente que el procesado únicamente tuviera el deber de reintegrar $150.000.000 para poder preacordar con beneficios la aceptación de responsabilidad penal”, indicó el juzgado.
Así mismo, el juez señaló que “revisados por el despacho los elementos materiales probatorios de los cuales dio traslado la Fiscalía, no se observó ninguna anotación correspondiente con la suma de $150.000.000, asociada al incremento a favor de Barreto Gantiva, y tampoco realizó la Fiscal una sustentación con indicación concreta del informe, en qué consistió el mismo, en qué forma se llegó a determinar ese monto; dónde y cómo se reflejan los reintegros o las sumas concretamente recibidas por Barreto Gantiva—si se acogiera el criterio del titular de la acción penal en cuanto que aquel únicamente está obligado a restituir aquel monto en el que acreció su patrimonio por cuenta del delito”.
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El exsubdirector de conocimiento de la UNGRD había reconocido a través de esta negociación su responsabilidad en el peculado por apropiación y soborno en la actuación penal.
Así mismo, el juzgado cuestionó la baja tasación en la condena por el delito de peculado por apropiación.
“No es admisible equiparar el verbo apropiarse con el incremento patrimonial producto de esa apropiación (…) sin ninguna explicación o justificación para efectos del preacuerdo no se tuvieron en cuenta, lo que podría interpretarse como un doble beneficio encubierto”, indica la decisión del juzgado.
El preacuerdo que había logrado Barreto Gantiva con la Fiscalía planteaba una condena de tres años y cuatro meses de prisión en contra del exsubdirector de la UNGRD.
Barreto Gantiva se encuentra detenido desde septiembre de 2024 y se comprometió a ser testigo de cargos de la Fiscalía y declarar en los otros procesos que se adelanten por este escándalo de corrupción.
De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras.
A cambio, según la información, dichos funcionarios direccionarían a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas.
En la acusación contra el exsubdirector de conocimiento de Gestión del Riesgo Luis Carlos Barrero Gantiva, se señala que "consiguió en acopio con el exdirector de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega, entonces director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo López, con el propósito de conseguir la reducción por el monto cercano a los 100.000 millones de pesos de los recursos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023, que terminaron siendo utilizados para direccionamiento de contratos en el marco de este entramado de corrupción".
De acuerdo con la fiscal el testimonio de Barreto Gantiva, es fundamental porque su compromiso de colaboración esta dirigida a declarar en contra de 16 personas y, además, suministró de manera voluntaria información relevante sobre cinco hechos criminales nuevos que estaban ocultados a las autoridades.
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El proceso por soborno en actuación penal se relaciona con el intento de soborno de 13.000 millones que realizó Barreto Gantiva y el abogado Edgar Riveros al exdirector de la UNGRD Olmedo López y al exsubdirector de Desastres de esa entidad Sneyder Pinilla, a cambio de que se retractara de sus declaraciones en su contra y de Cesar Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
