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La Fiscalía General de la Nación pidió que se dicte medida de aseguramiento contra César Manrique, exdirector de Función Pública, por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ese organismo señaló que Manrique representa un peligro para la sociedad, que podría afectar el desarrollo del proceso penal que se adelanta en su contra estando en libertad, e incluso que podría salir del país para evadir a la justicia.
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Cabe mencionar que la Fiscalía le imputó cargos a César Manrique hace un mes, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación entre otros, tras señalar que habría recibido una 'coima' de $3.000 millones de pesos luego de impulsar un contrato para la compra de 40 carrotanques en el año 2023.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Manrique presuntamente gestionó la reducción y liberación de $100.000 millones en un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a cambio de direccionar los contratos que surgieran de esas millonaria suma de dinero y un porcentaje de esos mismos recursos, cercano al 7%.
De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director en ese entonces del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos, a cambio de 'coimas' para que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos.
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En su momento, la fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, señaló que “en septiembre de 2023, usted planeó y asistió con Olmedo López y Barreto Gantiva a una reunión con funcionarios de la ANT y de la UNGRD con el propósito de dar celeridad al trámite de reducción y liberación de recursos del convenio número 9677-CV20 021 20 23 suscrito entre estas entidades a cambio de controlar la contratación que se realizar por el valor de los recursos reducidos del convenio”.
Otros de los implicados en ese caso son el abogado Édgar Riveros, su hija Ana María Riveros y su cuñada Sonia Rocío Romero. Igualmente, están el exasesor de Función Pública Jorge Aristizábal, el representante legal de la Fundación Yapurutú, Édgar Echeverri Toro, el contratista Óscar Enrique Cárdenas y Francisco Javier Estupiñán.
