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El despacho de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia citó a nuevos testigos en el proceso que se adelanta contra la excongresista Piedad Córdoba, en la investigación en su contra por el escándalo de la ‘Farcpolítica’.
Se trata del senador Iván Cepeda y el exguerrillero Milton de Jesús Toncel alias ‘Joaquín Gómez’, quienes fueron citados el próximo 14 de marzo para que declaren en ese proceso.
De la misma forma, fue citado el brigadier general (r) Juan Carlos Buitrago, el periodista y escritor colombiano Daniel Samper Pizano, el director de cine Lisandro Duque Naranjo y se tendrán en cuenta unas comunicaciones de Ricardo Montenegro, exasesor de la excongresista Piedad Córdoba.
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El documento de la Corte Supremas señala que esas declaraciones permitirán “continuar con el perfeccionamiento de la investigación preliminar y, de acuerdo con la solicitud elevada por la defensa” de Córdoba. Esos testimonios se escucharán entre el 14 y el 16 de marzo.
En medio de esa investigación, el despacho de la magistrada Lombana también indaga los presuntos nexos de la excongresista con el empresario Alex Saab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos.
En ese caso puntual, el nombre de Córdoba empezó a relucir en una investigación que adelantó un grupo de asambleítas ecuatorianos en cabeza de Fernando Villavicencio, sobre los negocios de Saab.
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Ese informe que fue entregado al gobierno del presidente Iván Duque, señala a Piedad Córdoba de ser la supuesta pieza clave para que el empresario triunfara en los negocios ilegales.
Sin embargo, la excongresista ha negado rotundamente cualquier vínculo con el empresario, vinculado con delitos como lavado de activos y corrupción.
Sobre el escándalo de la 'Farcpolítica', se dice que en el 2008 cuando confiscaron los computadores de Raúl Reyes, se encontró supuesta evidencia sobre cruce de información entre la extinta guerrilla de las Farc y la exsenadora.
Por ese hecho, la Procuraduría le abrió un proceso a Piedad Córdoba que terminó en una destitución e inhabilidad por el termino de 18 años, que después fue tumbada por el Consejo de Estado.
Esas investigaciones se revivieron tras la captura Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la líder política acusado de ser supuestamente el coordinador logístico para el abastecimiento de drogas desde el sur de Colombia, con destino hacia los Estados Unidos.
