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El juzgado 38 administrativo oral del circuito, en un documento de 15 páginas que tiene en su poder LA F.m., tomó la determinación de condenar a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra.
En esa determinación, el despacho advierte que este caso tiene todos los elementos para señalar que la muerte del joven obedece a una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas.
"Se permite concluir que también se encuentra demostrada la falla del servicio, en atención al manejo irregular por parte de miembros de la Policía Nacional, tanto en la situación en la que resultó fatalmente herido el joven, como de la posterior alteración de la escena de los hechos para encubrir el uso indebido de la fuerza, que produjo la muerte de Diego Felipe Becerra Lizarazo".
Además, el juzgado detalla la actuación irregular del uniformado afirmando que "resulta evidente que la muerte del joven Becerra Lizarazo fue ocasionada por un arma de dotación oficial, utilizada por un miembro de la Policía Nacional en actos de servicio, con los que estaría claramente demostrado el título objeto de imputación de riesgo excepcional".
Por otro lado, frente a la indemnización, el funcionario judicial excluyó de esa reparación a familiares como abuela materna, primos y amigos cercanos al joven de 16 años, a la empleada del servicio, solamente aceptando para tal fin a Liliana Lizarazo, madre del grafitero, y a Gustavo Trejos, padre de Becerra, a quienes se les ordenó el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los familiares de Diego Felipe Becerra apelarán esa decisión del juez.
