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La Procuraduría General de la Nación anunció que reanudará las audiencias de juicio disciplinario contra dos comandantes y tres soldados del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en la muerte del exguerrillero Dimar Torres, en hechos ocurridos en el municipio de Convención en Norte de Santander.
Las audiencias están programadas para los días 8, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29 y 30 de junio y se desarrollarán de forma virtual para cumplir con las medidas que ordenó el Gobierno por la propagación de la COVID-19.
Cabe mencionar que los uniformados que se encuentran en juicio por estos hechos, son el comandante de la Segunda Sección de la Compañía Alabarda 4 del Batallón de Combate Terrestre No. 11; el cabo Segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo; el comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte.
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En ese proceso, la Procuraduría considera que existen suficientes pruebas para considerar que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, cometió el delito de homicidio en persona protegida en calidad de determinador, es decir, que habría sido el autor intelectual.
Uno de los testimonios claves del proceso sería la declaración del soldado Andrés Mantilla, quien aseguró que vio la forma en la que los tres militares intentaban ocultar el cadáver del exguerrillero Dimar Torres, lo que de acuerdo con la Procuraduría, "permite inferir que también existe la posibilidad que hubiesen cometido, ese delito".
Sobre la muerte del ex combatiente, el propio Ejército reconoció la muerte de Torres, luego de que la comunidad lo denunciara y varias personas llegaran al lugar donde habían cavado un hueco para enterrar el cuerpo, que fue encontrado con signos de tortura.
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Por su parte, el general Diego Luis Villegas, comandante de la fuerza Vulcano del Ejército pidió perdón frente a la comisión de paz del Congreso y de la comunidad de Convención (Norte de Santander), tras la muerte del ex guerrillero.
Finalmente, la Procuraduría asumió el poder preferente en esa investigación, debido a las conductas que cometieron los uniformados y que estaban siendo investigadas inicialmente por el Ejército Nacional.
