La FM en Google News
En desarrollo del Congreso Mundial de Juristas, que se adelanta en la ciudad de Barranquilla, el abogado Iván Cancino, quien defiende al extraditado empresario Carlos Mattos, fue enfático en señalar que no se opone a que llegue a un preacuerdo con la Fiscalía.
Así las cosas, aseguró que trabajará -bajo el imperio de la ley, con argumentos y material probatorio-, para defender a Mattos, recordando que ha sido un gran contribuidor económico, tanto en Colombia como en España, y que la Nación no se podía olvidar de sus logros como ciudadano.
Le puede interesar: Imputan cargos a policías de Cali por homicidios durante paro nacional
“Como ya Carlos Mattos está en el país, yo me dedicaré a su defensa y entrará el abogado Alejandro Sánchez a tomar ese diálogo directo con la Fiscalía, a ver qué posibilidad hay de terminar esto antes de un proceso que va a ser muy desgastante”, dijo Cancino.
Sin embargo, el fiscal General de La Nación, Francisco Barbosa, fue enfático en señalar que no hay preacuerdos en el marco del proceso para Carlos Mattos, muy a pesar que existiría una videollamada que así lo confirmaría y que se encuentra en estudio por parte del Ministerio de Justicia.
“No hay preacuerdos, entiendo yo, porque los fiscales son autónomos e independientes y al mismo tiempo no hay principios de oportunidad. Este es un caso que está en audiencia preparatoria y en ese sentido la Fiscalía tiene elementos material probatorios para sustentar el caso ante los jueces”, dijo el fiscal Barbosa.
Hay que recordar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que se realizó el traslado del empresario colombo-español Carlos Mattos, procesado por el escándalo de corrupción judicial denominado Hyundai al pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota de Bogotá.
Lea también: Andrés Escobar, citado a imputación por disparos a manifestantes durante paro nacional
Según argumentó el Instituto, el abogado Iván Cancino, defensor de Mattos, solicitó y certificó que entre los años 2002 - 2006, el expresidente de la marca Hyundai en Colombia, ejerció un cargo público, por lo que se ordenó el traslado del procesado por los delitos de cohecho por dar y ofrecer, utilización indebida de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado.
