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l antiguo secretariado de las Farc enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde seatribuyeron la responsabilidad del asesinato de varios líderes políticos entre ellos el expresidente de la Constituyente de 1991, Álvaro Gómez Hurtado.
Dicha misiva, recibida por la JEP el pasado 30 de septiembre de 2020, está firmada por el senador Julián Gallo Cubillos, el coordinador de reincorporación de excombatientes de Farc, Pastor Lisandro Alape Lascarro y el senador, Pablo Catatumbo Torres Victoria, junto con a sus abogados.
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En diálogo con La FM, Francisco Bernate, abogado penalista, aclaró que las declaraciones de las Farc ante la JEP no le quitan competencias a la fiscalía para seguir investigando el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. De acuerdo con Bernate, se pueden adelantar investigaciones paralelas para comprobar si las versiones de las Farc son ciertas.
"Será la JEP quien debe investigar y en dado caso reconocer si las Farc tuvo una participación en el hecho, sin embargo, eso no significa que otras personas no hayan tenido una participación en el caso. Por ello la Fiscalía segura investigando y la JEP hará lo propio ante las Farc.
En este sentido, el abogado recalcó que existe una posibilidad de que eventualmente se produzca un "choque de trenes" entre las dos entidades, sin embargo, resaltó que puede haber es un "choque de historias".
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"Puede haber un eventual choque de trenes, la fiscalía ha dicho que nunca tuvo la hipótesis de que las Farc estuvieran relacionadas con el magnicidio, pero las Farc podrían denunciar que hubo una posible alianza con personas relacionadas a la fiscalía, acá puede haber un choque de historias".
Por otra parte, Bernate explicó que en caso de que se descubra que las Farc están diciendo mentiras ante la JEP serán excluidos del sistema integral de justicia y reparación, posteriormente pasarán a la Fiscalía en donde serán investigados por estos hechos.
"Si dicen la verdad, ellos pueden someterse dado que fue un crimen de guerra y acceder a la pena alternativa que es un máximo de ocho años de prisión y si no deciden reconocer la responsabilidad irían a un juicio".
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Francisco Bernate recalcó que esta situación le exige a la JEP estar a la altura de las circunstancias para impedir que haya escenarios irregulares en torno al caso del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
"Puede que aparezca una verdad judicial en la JEP que impida que se construya otra una verdad judicial fuera de la JEP, dicha situación podría crear desvíos a la investigación al crear falsos culpables. Es un escenario donde la JEP debe esta a la altura de la investigación".
Bernate señaló que esta situación sería un "lavadero" y recordó que esta situación ya ocurrió con el sistema de justicia y paz.
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"La JEP es un organismo judicial que debe estar a la altura de las circunstancias y debe tomar una decisión que es establecer que si el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado tiene que ver o no con el conflicto armado. El problema no es la JEP, son los magistrados quienes deben estar verificar todo y no permitir que en dado caso las Farc que se atribuyan crímenes que no cometieron".
Finalmente, Francisco Bernate indicó en La FM que Piedad Córdoba no ha cometido obstrucción de la justicia en este caso, pues este cargo se aplica cuando se ocultan evidencias y el no levantar una denuncia ante un delito no aplica para este caso.
"No hay una responsabilidad legal en el haber callado, no cometió un delito, a menos que ante la justicia ella haya faltado a la verdad.
