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Tras conocerse la condena por aceptación de cargos de tres años y seis meses de prisión contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno por el denominado cartel de la toga, el procurador general Fernando Carrillo reiteró sus críticas a “las bajas condenas que impone la justicia colombiana a los corruptos”.
“Nosotros hemos afirmado en repetidas ocasiones que no creemos en bajas penas para quienes le han hecho un daño a la sociedad tan grande, por supuesto acá los principios de oportunidad han prevalecido”, señalo Carrillo.
Dijo que la principal preocupación del Ministerio Público es poder escuchar en declaración a Moreno antes de que sea extraditado a los Estados Unidos, con el fin de usar su testimonio en los procesos disciplinarios contra los congresistas salpicados en el escándalo de corrupción.
En el ente de control existen procesos disciplinarios contra el político Hernán Francisco Andrade Serrano por su presunta participación en una red de la que harían parte los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y su socio Leonardo Luis Pinilla para manipular procesos en la Corte Suprema de Justicia.
El político Álvaro Antonio Ashton Giraldo está siendo investigado por el presunto pago de una millonaria suma, al parecer, destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia.
Y el político Musa Besayle Fayad por el presunto acuerdo o negociación con el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para el pago de una millonaria suma que evitara que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra.
