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Mediante una comunicación remitida por el abogado Javier Gómez de Liaño Botella, miembro del bufete que asumió la defensa de Carlos Mattos en el exterior, señaló pese a el deseo de su cliente de comparecer ante la justicia española él ha "considerado y decidido" bajo su exclusiva responsabilidad que no se realice la audiencia de imputación de cargos programada para el 3 de octubre en Madrid.
"He considerado y decidido y lo hago bajo mi exclusiva responsabilidad, que esa diligencia no se lleve a acabo en la forma propuesta, al entender que el procedimiento no es ajustado al derecho", explica el abogado en su misiva.
Javier Gómez de Liaño establece que esta decisión se la comunicó el pasado 24 de septiembre, a la Cónsul General Central de Colombia en Madrid.
"La actuación procesal pretendida o "asistencia jurídica" requerida por las autoridades colombianas debe ajustarse a las normas contenidas en los convenios citados y, en todo caso, al ordenamiento jurídico español, lo que implica que habrá de realizarse ante la autoridad judicial española competente y en todo caso, con asistencia de abogado", argumentó el abogado.
De igual manera el abogado expresa que el hecho del encarcelamiento de Alex Vernot, es un factor que puede interpretarse como una "agresión al derecho de defensa", por lo tanto considera que en estos momentos Carlos Mattos no "tendría en Colombia un juicio justo".
El caso de Mattos
El 8 de junio anterior, la Fiscalía General de la Nación anunció descubrió una gran red de corrupción judicial y manipulación de repartos en el que fue mencionado Mattos. El ente acusador dio cuenta de la supuesta adulteración en el reparto de procesos en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá, con el fin de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea.
En las indagaciones fueron vinculadas nueve personas, entre las que figuran funcionarios judiciales, abogados y particulares, señaladas de ser los determinadores de una red de corrupción en la administración de justicia. En el marco de las pesquisas se anunciaron capturas. En el caso específico de Carlos Mattos Barrero, la Fiscalía General de la Nación señaló:
"Dueño de Hyundai Colombia Automotriz S.A. Por solicitud de la Fiscalía, la Secretaría General de Interpol expidió la circular que procede en este caso. El viernes primero de junio de 2018, el fiscal del caso obtuvo ante un juez de control de garantías la orden de captura contra el empresario automotriz por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático".
Ese mismo día, el 8 de junio, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez 39 penal de Bogotá con función de garantías dictó medida de aseguramiento intramuros en contra del juez sexto civil del circuito de Bogotá, Reinaldo Huertas, al advertir que su libertad ponía en riesgo la debida y oportuna administración de justicia en la investigación que se adelanta en su contra.
Según testigos, el juez habría recibido cerca de 2.500 millones de pesos en efectivo para sancionar una medida cautelar dentro de la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea. La resolución concedida por el juez sexto, con fundamento en maniobras presuntamente fraudulentas, habría beneficiado a la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A., con recursos cercanos a los 35 millones de dólares, de acuerdo con lo señalado por el fiscal.
De acuerdo con el fiscal, al solicitar la medida de aseguramiento, se concretaron varias reuniones en el apartamento del empresario Carlos Mattos, a las cuales supuestamente acudió el juez y otros funcionarios de la rama, en la que se habría pactado el pago de los más de 2.000 millones. El juez investigado negó los cargos que le endilgó la Fiscalía y deberá responder en juicio por los delitos de acceso abusivo a sistema informático, daño informático, cohecho impropio y utilización ilícita de redes de comunicación.
