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El juez noveno de garantías de Bogotá avaló las capturas del general (r) de la Policía Humberto Guatibonza Carreño, Carlos Eduardo Arenas Valero y Julián Villarraga, quienes son requeridos por las autoridades por su presunto vínculo con una red dedicada a interceptar comunicaciones.
La Fiscalía los señaló por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático e interceptación de datos agravada.
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Según la investigación, Guatibonza estaría involucrado en una organización dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones que operaba en Bogotá, Ipiales (Nariño) y Cali.
Durante la diligencia, Jorge Armando Otálora, abogado de Guatibonza, aseguró que tal detención no era necesaria, pues el oficial en retiro, una vez conoció que habían señalamientos en su contra, estuvo presto a cumplir con los llamados judiciales.
“Es una orden de captura que para mí es innecesaria. Él tiene un esquema de seguridad y fue el mismo general quien, una vez supo que había una orden de captura en su contra, estuvo presto a cumplir con los requerimientos”, dijo el abogado.
De acuerdo con el proceso, se indica que el oficial habría contactado a dicha red para que adelantaran seguimientos e interceptaciones ilegales con el fin de obtener información sobre un presunto caso de infidelidad en el que estaría involucrada la esposa de un amigo muy cercano.
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En el operativo conjunto adelantado se allanaron las instalaciones de la empresa ‘A&G Seguridad’ de propiedad del general Guatibonza Carreño.
En ese momento se informó que esta empresa tendría vinculación directa con la búsqueda y recolección de información privilegiada.
En repetidas oportunidades, el oficial en retiro rechazó estos señalamientos indicando que estaba dispuesto a presentar todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.
"No soy dueño de dicha empresa", aseguró por medio de un comunicado cuando estalló el escándalo.
