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El extraditado narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', le habría entregado plata a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Al menos, según una denuncia de la precandidata Vicky Dávila, quien aspira a derrotar en los comicios de 2026, tras una consulta, al heredero de la izquierda, Iván Cepeda.
Dávila aseguró que "una persona cercana" al jefe de la banda criminal La Inmaculada le compartió un audio en el que se escucha una confesión de Marín. El presidente Petro lo acusó de tratar de corromper a funcionarios públicos para evitar su viaje forzoso a Estados Unidos, y al parecer 'Tuluá' rechazó los señalamientos.
La pieza que Dávila reveló, y que espera que la Fiscalía investigue de forma "diligente", muestra una aparente llamada entre Marín y alguien más. 'Tuluá' afirma que se enteró por su esposa, Sandra Patricia Guzmán, de que Petro le achacó los sobornos, que a la vez desmiente: "eso es totalmente falso".
"Yo estoy acá, tranquilo, esperando a que tomen esa decisión" de extraditarlo, después de meses de expectativas, se escucha. "Si estamos hablando de comprar funcionarios, yo creo que lo primero que debe evaluarse es que nosotros a su hermano sí lo compramos", sostuvo Marín. Se referiría a Juan Fernando Petro.
La voz en la llamada asevera haber entregado "mucho dinero" a la campaña del presidente en 2022, y añade tener varias pruebas al respecto, como "videos, audios, consignaciones" que se expondrán en Estados Unidos, a donde las autoridades colombianas enviaron a 'Pipe Tuluá' este martes.
La extradición de 'Pipe Tuluá' entra en terreno electoral
Vicky Dávila aprovechó su publicación para retar al senador Cepeda a un debate en el que explique la financiación de su campaña, que ha incluido publicidad en redes, concentraciones en plazas públicas y expectativa de cara a la consulta de la izquierda, el "Frente por la vida", en el que aún no es claro si participará.
Las autoridades colombianas ejecutaron la madrugada de este 3 de febrero la extradición a Estados Unidos del jefe criminal Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá'. La justicia norteamericana lo requiere por narcotráfico y lo acusa de enviar vastas toneladas de droga.
El trámite se puntualizó luego de una instrucción pública del presidente Petro, quien a través de su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual, le ordenó al ministro de Justicia interino saliente, Andrés Idárraga, sacar del país al jefe de La Inmaculada.
Según Petro, la presión por el envío de Marín a Norteamérica se debe a que intentó "comprar funcionarios públicos con dineros públicos" para evitar la extradición. "La paz no es una mercancía, la paz es un derecho", concluyó, sin mostrar pruebas de sus acusaciones.
Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia y próximo a dejar su cargo como ministro para que lo suceda Jorge Iván Cuervo, respondió por la misma red social. "A su mandar, presidente", publicó, al tiempo que señaló que la orden "se ejecutará con resultado", como al final ocurrió.
La reunión de Petro y Trump, clave
El intercambio de mensajes apareció el mismo fin de semana en el que el jefe de Estado viajó a Estados Unidos para una reunión clave con el presidente Donald Trump. Los mandatarios se encontraron en la Casa Blanca, en la capital estadounidense, sobre el mediodía de este martes, y coinciden en que fue un encuentro cordial.
Lo cierto es que el Gobierno firmó la extradición de 'Tuluá' la semana pasada. La Resolución Ejecutiva 037 de 2026, de diez páginas y que firmaron tanto Petro como Idárraga el 26 de enero, reiteró la postura del Ejecutivo de diciembre de 2025: Marín Silva debe irse a Texas.
"Cumpliendo su orden, presidente", escribió Idárraga hoy en X poco después de las cuatro de la mañana. "La cooperación internacional no se debilitó", añadió. El Ministerio de Justicia destaca como un "récord" haber concluido 810 extradiciones durante la administración de Petro.
En noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal autorizó la extradición de 'Pipe Tuluá' a Estados Unidos, donde lo requiere la Corte del Distrito Este de Texas para que responda por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Mientras se concretaba el procedimiento, estuvo recluido en una estación de Policía en Bogotá.
Con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, la Corte emitió un concepto de 45 páginas que detalló, por ejemplo, 45 antecedentes de Marín en la Fiscalía, por delitos como amenazas, constreñimiento ilegal, extorsión, homicidio, terrorismo, porte de armas de fuego y concierto para delinquir.
Una extradición que se mantuvo en vilo
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) le informó a la Corte que la Policía tenía en sus manos una orden de detención del 22 de mayo del año pasado, además de cuatro investigaciones por extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte de armas y concierto para delinquir.
Aunque la defensa de 'Tuluá' intentó alegar el principio non bis in idem, que en el derecho prohíbe juzgar a una persona más de una vez por un mismo hecho, la Corte desestimó los argumentos y lanzó un concepto favorable para la extradición, que luego el Gobierno firmó.
Un mes después, el presidente Gustavo Petro oficializó el procedimiento, que incluyó una petición de que Estados Unidos se comprometiera a no someter a Marín a desaparición forzada, torturas, tratos inhumanos o prisión perpetua. Washington entregó su compromiso, Bogotá extraditó a 'Tuluá'.
'Pipe Tuluá' presentó una tutela alegando una supuesta vulneración a sus derechos al debido proceso, la defensa, la libertad personal y el acceso a la administración de justicia. La Corte Suprema desestimó el amparo, que atacaba la postura de la Sala Penal y buscaba desmarcarse de la resolución.
"Resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional", concluyó la Corte. En paralelo, el Ejecutivo buscó acercamientos con la Inmaculada, y nombró a Jorge Lemus, exdirector nacional de Inteligencia, como jefe de los diálogos para conocer la voluntad de paz de la banda.
Las medidas de seguridad que rodearon la extradición
Este lunes, la víspera del viaje de 'Tuluá' fuertemente escoltado, la Policía y el Ejército reforzaron sus patrullajes en Tuluá, un municipio de más de 230 mil habitantes a 96 kilómetros de Cali, la capital vallecaucana. El pie de fuerza fue resultado de la articulación entre el Ejecutivo nacional y el local.
Gustavo Vélez, alcalde tulueño, sostuvo en diálogo con La FM que la inteligencia "ha sido fundamental para tratar de anticiparnos". "En términos generales, lo que existe es una fuerza muy consolidada y un trabajo muy articulado", dijo, tras varios operativos de la fuerza pública.
Las autoridades han preparado la extradición de 'Pipe Tuluá' desde junio del año pasado, cuando la Policía lo trasladó en helicóptero desde la cárcel La Picota, el complejo carcelario más importante del país, hacia la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de la capital.
Marín permanecía preso desde 2015, y cumplía en Colombia una condena de treinta años de prisión. A lo largo de su detención, la Inmaculada incrementó su control del microtráfico y la extorsión, y amplió su presencia desde el Valle del Cauca hasta el Cauca y el Eje Cafetero.
El 4 de junio, cuando parecía inminente la extradición, varios delincuentes quemaron vehículos en Tuluá, por lo que el Gobierno local decretó un toque de queda. El Ministerio de Defensa prometió medidas de seguridad y aseguró que la decisión "responde a una solicitud formal" de Estados Unidos.
