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Un choque de trenes se ha generado entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación, luego que el ente acusador le notificara a ese tribunal especial, a través de un agente de la policía judicial, sobre la orden impartida para practicar una inspección judicial al caso 001 que se adelanta en esta jurisdicción y que tiene que ver con los secuestros cometidos por la guerrilla de las Farc.
De acuerdo con la JEP, lo hecho por la Fiscalía General de la Nación fue una actuación "violatoria" de la reserva judicial, que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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"Es claramente intimidatoria en relación con la independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso", indicó la magistrada Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Luego, el ente investigador emitió un breve comunicado en Twitter, para informar que revocaban las órdenes de obtener la copia del expediente 001 y de entrevistar a la magistrada de la Jurisdicción.
La Fiscalía aseguró que esto lo hacía "en el mejor espíritu de colaboración y respeto entre las jurisdicciones".
Al consultar al abogado Francisco Bernate sobre la actuación de ambas entidades, el jurista señaló que la Fiscalía tiene todo el derecho en adelantar las investigaciones que considere necesarias, así como solicitar las evidencias pertinentes ante cualquier organismo del Estado o ciudadano colombiano.
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"Aquí el problema no es que la Fiscalía se esté entrometiendo en la JEP, el ente acusador está cumpliendo con su deber. Por el contrario, quien está incurso en un acto de rebeldía y que da un pésimo ejemplo, es la Jurisdicción Especial para la Paz", dijo el jurista en diálogo con RCN Radio.
Para Bernate, la JEP ha pretendido generar un "choque de trenes", no sólo en esta ocasión. El abogado recordó la solicitud que le hizo la Jurisdicción a la Fiscalía en el caso del exlíder de las Farc Jesús Santrich, al solicitarle pruebas por el supuesto delito de narcotráfico.
"Más que un choque de trenes, es un desacato, es un irrespeto para con la Fiscalía General de la Nación", afirmó Bernate.
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Además, señaló que en caso que la Fiscalía no hubiera desistido en su decisión de llevarse el expediente del caso 001, este hubiera tenido validez, pues aclara que lo hizo en el marco de una investigación.
"La únicas personas que no están al alcance de la Fiscalía General de la Nación son los funcionarios aforados, los presidentes, los magistrados, de resto la entidad puede investigar a cualquier colombiano por un hecho que revista las características de un delito, y la JEP no es la excepción. Ellos no gozan de un fuero, ni tienen por qué dar este ejemplo al país de desacatar una investigación judicial y plantear un choque de trenes donde no lo hay", concluyó el abogado.
