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El defensor del pueblo, Carlos Camargo, le solicitó a la Corte Constitucional aprobar la ley de la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores de edad.
Sin embargo, el funcionario advirtió que esta iniciativa se debe aprobar con la condición de que exista la posibilidad de solicitar la revisión de esas condenas a 25 años de prisión y sin descartar la posibilidad de obtener la libertad condicional.
En un concepto entregado a la Corte, esa entidad señaló que esa sería una opción para garantizar que la cadena perpetua no se convierta en un trato cruel e inhumano, con la personas condenadas por esos delitos.
En ese sentido, la Defensoría precisó que “subsisten riesgos graves de vulnerar la dignidad humana del condenado y de incurrir en tratos crueles inhumanos y degradantes”.
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La Defensoría también le solicitó a la Corte, establecer “los parámetros que hagan efectiva la finalidad resocializadora de la pena, especialmente en medio del actual estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario”.
Esa entidad aseguró que también es necesario que la ley establezca “los parámetros bajo los cuales se debe tratar a las personas en prisión, de tal modo que se permita su rehabilitación a partir de la creación de un plan individual de ejecución de la pena que incluya todas las garantías beneficios y subrogados penales que contemplan las reglas internacionales”.
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Ese concepto llegó a la Corte en el marco del estudio constitucional a la ley de cadena perpetua que se encuentra en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
El despacho del magistrado Alejandro Linares estudia otra demanda interpuesta por un grupo de congresistas y la Comisión Colombiana de Juristas, sobre presuntos vicios de forma en el trámite que surtió la ley en el Congreso.
