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El ministro de Defensa, Guillermo Botero, habló con LA FM de la denuncia publicada por la revista Semana respecto a la manera en que se planeó el asesinato del guerrillero desmovilizado Dimar Torres, por parte de militares, así como de la denuncia de la comunidad en Cauca según la cual un campesino fue asesinado por integrantes del Ejército.
Según reveló una investigación judicial publicada el domingo por la revista Semana, el asesinato del exguerrillero de las Farc Dimar Torres, ocurrido en abril pasado en el departamento de Norte de Santander, fue un plan urdido por un teniente coronel del Ejército colombiano y no un caso fortuito.
Las pruebas que tiene la Fiscalía sobre el caso indican que el plan fue del teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, en ese entonces comandante del batallón de Operaciones Terrestres No. 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, que opera en la región del Catatumbo, según señala en su última edición el citado medio.
Al respecto, Botero señaló que los involucrados fueron llamados a calificar servicios hace cinco meses, al tiempo que señaló que hay una investigaciones en curso. "Lo que hemos hecho es prestarle toda la colaboración al fiscal de este hecho. Este es un homicidio doloso, sin lugar a dudas, y el concierto para delinquir", agregó el ministro de Defensa, quien insistió en que las pesquisas están en poder del ente acusador y nunca habló de la posibilidad de él renunciar al cargo.
El asesinato de Torres, desmovilizado de las Farc después de la firma del acuerdo de paz, ocurrió el pasado 22 de abril en la zona de Campo Alegre, perteneciente al municipio de Convención, y en un comienzo fue presentado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, como consecuencia de un forcejeo con el cabo del Ejército Daniel Gómez. Sin embargo, denuncias de la comunidad permitieron descubrir que se trató de un asesinato ejecutado por el cabo Gómez, separado del Ejército y detenido al igual que el teniente coronel Pérez Amézquita.
La revista reveló que, según un chat al que tuvo acceso la Fiscalía, el oficial ordenó matar al exguerrillero, que se dedicaba a la agricultura y a quien consideraba supuesto responsable de la muerte, días antes, de un soldado de su unidad militar que cayó en un campo minado de la guerrilla. "A ese 'man' no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel", escribió el teniente coronel en un grupo de WhatsApp creado para hacer seguimientos a Torres, según Semana.
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En ese chat quedaron registradas las rutinas del exguerrillero, producto de seguimientos hechos durante un mes por los soldados. El día del asesinato, el cabo Gómez ordenó a Torres detenerse cuando viajaba en su motocicleta por una carretera rural, "lo requisó, y aún sin encontrarle nada salvo dos rulas (machetes) para las labores agrícolas, le disparó cuatro veces con su fusil Galil", añadió la revista.
Ante el revuelo causado por el crimen y las contradictorias explicaciones del ministro de Defensa, la oposición promovió en el Congreso una moción de censura a Botero que fue rechazada por amplia mayoría. Al ser preguntado por la historia que publica la revista, el presidente, Iván Duque, expresó su respaldo al titular de Defensa y dijo que "no es momento de hablar de una renuncia del ministro Botero".
Por su parte, el Comando del Ejército dijo el domingo, mediante un comunicado, que "continúa prestando el apoyo y colaboración requerido por las entidades investigativas para llegar al esclarecimiento de los hechos". El Ejército recordó que el cabo Gómez está preso en una cárcel para militares en Bogotá, que el teniente coronel Pérez Amézquita fue retirado de la institución y que el subteniente Jhon Javier Blanco Barrios, quien se desempeñaba como comandante de pelotón, pidió su retiro en mayo pasado.
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También fue retirado del servicio el soldado Jorman Alexander Buriticá, quien ayudó a cavar una fosa en la que los militares pretendían enterrar el cadáver del exguerrillero para desaparecerlo. "El Ejército Nacional es respetuoso del curso de las investigaciones que se deriven del comportamiento de sus integrantes cuando se advierta una presunta trasgresión e incumplimiento de los procedimientos y lineamientos internos de la institución", agrega el comunicado.
En la zona del Catatumbo, donde fue perpetrado el crimen, tienen fuerte presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc, bandas criminales y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda narcotraficante.
El otro caso que confirmó el ministro de Defensa tiene que ver con la denuncia de la comunidad en la vereda La Laguna, en Corinto (Cauca), según la cual militares torturaron y asesinaron a un campesino, de nombre Flower Trompeta. "Efectivamente, esta persona fue muerta en desarrollo de una operación militar. Los hechos están en investigación con la Fiscalía General de la Nación, la comunidad tenía el cuerpo, ellos ofrecieron entregarlo para practicarle la necropsia, la cual se hará en la ciudad de Popayán. Los militares estaban en una operación del cubrimiento nacional. Era una operación antiguerrilla".
El jefe de la cartera de Defensa aseguró que, practicada la necropsia, se determinarán las acciones a tomar. De todas formas, aclaró el ministro, no se trata de una práctica de ejecución extrajudicial. "Estas personas (militares involucrados), son retiradas del lugar y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estamos estableciendo cuántas personas estaban en el operativo, en su totalidad son desvinculadas de operaciones. Ocurrió el día lunes en la mañana".
Escuche a Guillermo Botero, ministro de Defensa
