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El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, habló con LA FM de los casos de corrupción en el Ejército, que motivaron a varias decisiones del Ministerio de Defensa, el 9 de julio anterior.
En primer lugar, el oficial aseguró que no ve fisura alguna en la institución castrense. "No veo ninguna división. Se han tomado algunas decisiones y nosotros tendremos que ascender a 11 coroneles a brigadier general y también ellos van a tener la oportunidad de ascender. Han cumplido sus tiempos, sus requisitos".
El general Martínez insistió en que no hay persecución contra oficiales que estén denunciando. "Conocemos de algunos hechos y son iniciadas las investigaciones. De inmediato colocamos en disposición, estamos con una institución del pueblo colombiano".
El comandante del Ejército informó que el jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, general Eduardo Quiroz, pasó a otra jefatura, de estadística, a pesar de ser mencionado en las pesquisas. "Está en otra área que corresponde a revisión de áreas, de análisis. Lo que hacemos es moverlo porque hay una investigación de la Procuraduría General de la Nación, lo movimos para que fluya la investigación".
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Al consultarte si se acabó la corrupción en el Ejército, el general respondió: "No es limpia. Son decisiones que se tomaron por circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera individual. Dentro de esas investigaciones dirán, quienes las están desarrollando, las decisiones. No tengo el conocimiento de eso que pueda suceder. Seguramente va a haber otras decisiones. No sabemos en qué momento se puedan tomar", agregó.
El 9 de julio pasado, el Gobierno adoptó medidas tras las denuncias de corrupción en el Ejército y ordenó el retiro del servicio activo de un general mientras dos más están en entredicho, en la primera acción de este tipo desde que asumió el poder el presidente Iván Duque.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, tomó la decisión más drástica desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto, al anunciar las primeras sanciones por el escándalo de corrupción que investigan la Fiscalía y la Procuraduría. "El Gobierno tiene la política de cero tolerancia con cualquier actuación de la fuerza pública que sea contraria a la Constitución", dijo Botero en una rueda de prensa en la que aseguró que en el Ministerio de Defensa hay "compromiso de total colaboración con los órganos de control y de justicia".
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Por ello, dijo que se decidió "llamar a calificar servicios" al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos.
El hecho, que fue divulgado por la revista Semana el pasado 7 de julio, ocurrió cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer con la complicidad de "otros altos oficiales a su cargo".
"Quiero ser claro, no queremos ser ni indulgentes ni temerarios, pero sí muy diligentes", subrayó el ministro al referirse a la respuesta del Gobierno a las denuncias de corrupción contra los altos oficiales. Otro de los investigados es el segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo, quien "ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le han sido concedidas", explicó Botero.
En su artículo, Semana sostuvo que los subalternos de Fajardo denunciaron que cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, entre 2016 y 2017, tenían que darle dinero del presupuesto oficial para sus gastos personales.
Botero agregó que la decisión también afecta al jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, general Eduardo Quiroz, señalado de haber ofrecido a la tropa recompensas para que delataran a quienes han filtrado información a la prensa relacionada con los casos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales conocidos en el país como "falsos positivos".
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Por ello, Quiroz "será trasladado a una dependencia del Ejército mientras se resuelve su situación, bien sea administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el procurador general de la nación", que abrió investigaciones a los tres generales.
Los recientes escándalos en el Ejército colombiano comenzaron el pasado 22 de abril con el asesinato del exguerrillero de las Farc Dimar Torres, crimen ocurrido en Convención, municipio que hace parte de la convulsa zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
Botero manifestó entonces que Torres falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero la comunidad de la zona aseguró que se trataba de un "falso positivo". En medio de la polémica, Botero cambió su versión y confirmó que se trató de un "homicidio" cometido por el cabo Daniel Gómez, quien fue detenido, mientras que uno de sus superiores, el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, fue vinculado a la investigación por supuesto "encubrimiento".
Otro encubrimiento fue el del coronel Elkin Alfonso Argote, jefe de Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control, quien el 30 de junio fue destituido del cargo tras descubrirse que daba protección a Miguel Antonio Bastidas, alias "Gárgola", jefe de la banda criminal "La Constru", dedicada al narcotráfico.
Sin embargo, el caso más grave fue el destapado por el diario estadounidense The New York Times que el 25 de mayo dio a conocer una directriz operacional del Ejército que podría dar pie a "otra encarnación" de los "falsos positivos", lo que provocó un nuevo escándalo en el estamento militar.
En ese momento saltaron las alarmas toda vez que el país recordó que la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 crímenes cometidos por militares que asesinaban civiles y luego los presentaban como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.
Por esas ejecuciones extrajudiciales, que fueron cometidas entre 1988 y 2014, hay 1.500 militares implicados. Ante la gravedad de las acusaciones el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se vio en la obligación de retirar la directriz alegando que hubo una "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la tropa con respecto a la cuestionada orden.
A pesar del escándalo, el pasado 13 de junio el ministro Botero superó en el Congreso una moción de censura por su presunta responsabilidad en la directriz y la falta de acciones para frenar el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc, mientras que el Senado aprobó por amplia mayoría el ascenso de Martínez a general de cuatro soles.
