Coronel Julio César Ramírez salpica al general (r) Alberto Mejía en escándalo del Ejército

El coronel Julio César Ramírez, uno de los oficiales clave en la investigación por presunta corrupción en el Ejército, habló con LA FM. Se trata del primer integrante de la Fuerza Pública que cuenta su versión de los hechos, tras el conocido pronunciamiento del Ministerio de Defensa.

Lo hizo luego de que, el 9 de julio pasado, el Gobierno le saliera al paso de las denuncias de corrupción en el Ejército y ordenara el retiro del servicio activo de un general mientras dos más están en entredicho, en la primera acción de este tipo desde que asumió el poder el presidente Iván Duque.

El oficial es mencionado por la revista Semana, denunciante de los casos de corrupción, en un aparte especial en que no identifica al coronel, que ahora lo hace en LA FM para dar cuenta del contexto de dicha grabación.

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“Yo si lo voy a decir de frente, la voy a coger y le voy a decir: o usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada, y me colocan en la Brigada 25 de aviación donde supuestamente yo iba a estar, porque usted me hizo el cajón; o yo paso la baja, pero antes de irme de baja voy a salir en un noticiero contando todo, y digo qué es lo que usted quería hacer y qué era lo que estaba haciendo y qué hicimos para que mi general Martínez llegara (a ser comandante del Ejército) y qué es lo que busca realmente”.

De acuerdo con la revista, "el anterior es un fragmento de una conversación que está en poder de las autoridades, en la cual un coronel activo le cuenta a un mayor lo que piensa decir si no es nombrado en la unidad militar que quiere. En la conversación, el coronel se refiere a una mujer llamada María Nohemy. Se trata de una abogada que, según confirmaron en el Comando del Ejército, es muy cercana a varios de los generales, debido a las relaciones que maneja con importantes políticos y abogados. “Ella entra como Pedro por su casa al Ejército, y todos los generales le corren”, confirmaron a Semana desde la Ayudantía del Comando. El asunto no tendría mayor relevancia de no ser porque esta abogada, a quien llaman la Mata Hari o María de los Guardias, se dedica a la consecución de millonarios contratos para diferentes empresas, a cambio de jugosas comisiones para ella y sus amigos generales. Pruebas y declaraciones al respecto también están en la Fiscalía y la Procuraduría”.

Posteriormente, indicó la revista, "todo lo anterior es un pequeño panorama de lo que muchos no querían que saliera de las paredes del Comando del Ejército y menos a la luz pública, lo cual explica el nerviosismo y la cacería que se desató. Aunque estos casos son graves, realmente implican a muy pocas personas dentro de la institución. La lucha diaria de más de 200.000 hombres y mujeres no puede, ni debe, verse empañada por las acciones de un puñado, que aprovechando los puestos de poder terminan salpicando la reputación del Ejército; y menos el valor y honestidad de una inmensa mayoría que trabaja y se sacrifica por la tranquilidad y convivencia de todos los colombianos".

Así las cosas, el coronel Julio César Ramírez señaló que la información lo dejó ver como si él estuviera presionando algún acto corrupto, cuando sucedió algo diferente. En las explicaciones salpica al general retirado Luis Alberto Mejía, excomandante de las Fuerzas Militares y hoy en día embajador de Colombia en Australia.

"Con la persona que estoy hablando es el mayor retirado Álex Pérez, esposo de María Nohemy Sierra, que estuvo en la Casa de Nariño y posteriormente fue trasladado al Batallón de Policía Militar, donde él denunció unos temas. Para el año 2017, noviembre de 2017, con otro oficial decidimos enfrentar y sacar a la luz pública los casos que se venían presentando en la División de Aviación Asalto Aéreo, durante la época en la que estaba el señor general Mejía. Yo trabajé con el señor general Mejía, era el comandante del Batallón de Abastecimientos en ese momento y en esa época no sabíamos en quién confiar y por eso acudimos en ese momento ante el señor Lasprilla (Jaime Alfonso Lasprilla) porque sabemos de las condiciones personales. Él, como comandante del Ejército, tuvo algo de conocimiento y decidimos denunciar", aseguró.

De acuerdo con el coronel Julio César Ramírez, cuando él quería denunciar anomalías dentro de la institución le presentaron a María Nohemy Sierra. "Nos la presenta mi general Lasprilla. Ella empieza a ayudarnos, supuestamente conoce gente, nos quiso ayudar.. ya lo habíamos puesto en manos del Ministerio (de Defensa) y no estaba pasando nada. Ahí es cuando unos oficiales se lo entregan a esta persona. Esta señora nos presenta a varios periodistas", agregó el oficial activo.

Con relación a las denuncias puntuales que él tiene, el coronel Julio César Ramírez aseguró: "No solamente son los casos de corrupción en la aviación del Ejército. Al que no está dentro de la línea de ellos se le realizan montajes, se le realizan falsos testimonios, lo que ellos llaman carpetas, para destituirlos o simplemente para bloquearlos".

El oficial fue más específico con respecto a las denuncias contra el general (r) Alberto Mejía y las supuestas anomalías que se habrían cometido cuando él estaba al frente de la División de Aviación Asalto Aéreo. "Adquisición y arriendo de un hangar. Ese hangar, a lo último, no lo adquirió el Ejército Nacional porque acudimos ante el fiscal anticorrupción y le estimulamos que ese hangar lo querían comprar y él tomó acción y no permitieron que se comprara ese hangar". En este caso, el oficial denunció sobrecostos.

Y agregó: "El segundo es el caso del entrenamiento de simulador de vuelo. En ese simulador hay unos sobrecostos. No puede costar más de 40.000 por tripulación y venía siendo cobrado 120.000 dólares por cada persona. El tercer caso fue por entrenamientos de altura que cobraron a 90.000 dólares por persona y había cotizaciones por 50 y 60 mil dólares. En este caso se paró la contratación por un tiempo".

Por cuenta de sus denuncias, el general Mejía, según su relato, los llamó a negociar ofreciéndole viajes para que se quedara callado. Como no accedió fue bloqueado para la actividad de mando. Y como no tiene mando no puede aspirar a ser general y tener una agregaduría militar.

Según su denuncia, es el mismo general Mejía, hoy en retiro y en calidad de embajador de Colombia en Australia, quien está orquestando denuncias contra el general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, simplemente porque él no es de su línea, de su agrado.

Escuche la entrevista completa con el coronel Julio César Ramírez

Las decisiones del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, tomó la decisión más drástica desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto, al anunciar las primeras sanciones por el escándalo de corrupción que investigan la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público).

"El Gobierno tiene la política de cero tolerancia con cualquier actuación de la fuerza pública que sea contraria a la Constitución", dijo Botero en una rueda de prensa en la que aseguró que en el Ministerio de Defensa hay "compromiso de total colaboración con los órganos de control y de justicia".

Por ello, dijo que se decidió "llamar a calificar servicios" al general Jorge Romero Pinzón, comandante de Acción Integral del Ejército, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos (unos 310.000 dólares).

El hecho, que fue divulgado por la revista Semana el pasado 7 de julio, ocurrió cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer con la complicidad de "otros altos oficiales a su cargo".

"Quiero ser claro, no queremos ser ni indulgentes ni temerarios, pero sí muy diligentes", subrayó el ministro al referirse a la respuesta del Gobierno a las denuncias de corrupción contra los altos oficiales.

Otro de los investigados es el segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo, quien "ha solicitado vacaciones para preparar su defensa a las acusaciones que pesan sobre él y le han sido concedidas", explicó Botero.

En su artículo, Semana sostuvo que los subalternos de Fajardo denunciaron que cuando era el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, entre 2016 y 2017, tenían que darle dinero del presupuesto oficial para sus gastos personales.

Botero agregó que la decisión de hoy también afecta al jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, general Eduardo Quiroz, señalado de haber ofrecido a la tropa recompensas para que delataran a quienes han filtrado información a la prensa relacionada con los casos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales conocidos en el país como "falsos positivos".

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Por ello, Quiroz "será trasladado a una dependencia del Ejército mientras se resuelve su situación, bien sea administrativa o bien disciplinaria, pero previa coordinación con el procurador general de la nación", que ayer abrió investigaciones a los tres generales, precisó el ministro de Defensa.

Los recientes escándalos en el Ejército colombiano comenzaron el pasado 22 de abril con el asesinato del exguerrillero de las Farc Dimar Torres, crimen ocurrido en Convención, municipio que hace parte de la convulsa zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Botero manifestó entonces que Torres falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero la comunidad de la zona aseguró que se trataba de un "falso positivo".

En medio de la polémica, Botero cambió su versión y confirmó que se trató de un "homicidio" cometido por el cabo Daniel Gómez, quien fue detenido, mientras que uno de sus superiores, el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, fue vinculado a la investigación por supuesto "encubrimiento".

Otro encubrimiento fue el del coronel Elkin Alfonso Argote, jefe de Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control, quien el 30 de junio fue destituido del cargo tras descubrirse que daba protección a Miguel Antonio Bastidas, alias "Gárgola", jefe de la banda criminal "La Constru", dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el caso más grave fue el destapado por el diario estadounidense The New York Times que el 25 de mayo dio a conocer una directriz operacional del Ejército que podría dar pie a "otra encarnación" de los "falsos positivos", lo que provocó un nuevo escándalo en el estamento militar. En ese momento saltaron las alarmas toda vez que el país recordó que la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 crímenes cometidos por militares que asesinaban civiles y luego los presentaban como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.

Por esas ejecuciones extrajudiciales, que fueron cometidas entre 1988 y 2014, hay 1.500 militares implicados. Ante la gravedad de las acusaciones el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, se vio en la obligación de retirar la directriz alegando que hubo una "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la tropa con respecto a la cuestionada orden.

A pesar del escándalo, el pasado 13 de junio el ministro Botero superó en el Congreso una moción de censura por su presunta responsabilidad en la directriz y la falta de acciones para frenar el asesinato de líderes sociales y exguerrilleros de las Farc, mientras que el Senado aprobó por amplia mayoría el ascenso de Martínez a general de cuatro soles.