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La llegada de Andrés Felipe Arias al país y la posibilidad de que se adelante en el Congreso un proyecto de ley con doble instancia retroactiva han puesto a los colombianos a hablar de nuevo del escándalo de Agro Ingreso Seguro.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia se basó en dos hechos probados, por lo menos por los magistrados que lo condenaron en única instancia: que el proceso de contratación para el convenio con el Institute for Agricultural Coperation fue hecho de forma irregular y que los subsidios fueron entregados a familias que, poderosas o no, dividieron sus tierras y las pusieron a nombre de otros familiares o amigos pare recibir numerosos subsidios.
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Pero hasta ahora ha pasado desapercibida otra historia que vincula al ministro que sucedió a Andrés Felipe Arias en 2009. Andrés Darío Fernández Acosta fue nombrado por decreto presidencial el 09 de febrero de ese año para asumir el Ministerio en un momento de profunda crisis por escándalo de AIS que ya había explotado en el país, y en un tiempo de campaña presidencial con miras al 2010.
Fernández estuvo más de un año en el Ministerio hasta el 07 de agosto de 2010 cuándo a la cartera llegó Juan Camilo Restrepo delegado como nuevo ministro del primer Gobierno Santos.
El 13 de diciembre de 2011 la Procuraduría de Alejandro Ordóñez suspendió a Fernández por once meses en la misma decisión en la que destituyó e inhabilitó a Andrés Felipe Arias por 16 años. Concretamente el Ministerio Público encontró que Fernández había autorizado gastos de administración y operación del programa durante el 2009 por montos que superaban los límites legales.
Otra de las sanciones en su contra la decidió la contralora Sandra Morelli que lo halló responsable fiscal solidario junto con Arias y el propio ICA por $12.700 millones en el 2014 cuando la Corte Suprema ya alistaba la decisión de condenar al exministro Arias a 17 años de prisión.
Pero, lo más grave que hasta hoy persigue a Andrés Fernández, tiene que ver con un cable enviado al gobierno americano que aparece registrado el 22 de enero del 2010 por Brian Nichols, un asesor de la embajada de los Estados Unidos.
Nichols relató en ese entonces una reunión con funcionarios del ICA, entidad adscrita al Gobierno estadounidense, en la que estos le comentaron de un supuesto intento del Ministerio de esquivar el escándalo colocando toda la responsabilidad en el ICA. En uno de los apartados Nichols refiere un comentario de Fernández en el que este le habría pedido al ICA buscar a un empleado para sacrificar y colocar sobre él la responsabilidad del escándalo.
“Iica's lawyer claimed that minister Fernández had requested Iica offer a “sacrificial employee” whom the ministry could blame for the scandal. Iica refused”, dice exactamente el cable enviado por Nichols quien hoy es un alto diplomático de los Estados Unidos para América Latina.
Otro de los párrafos del texto señala que el ministro de Agricultura, sin referirse si se trataba de Arias o Fernández, tenía una completa perspectiva del programa de AIS y conocían en detalle la información sobre los destinatarios finales.
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Actualmente hay dos procesos vigentes en la Contraloría contra Fernández, que en términos disciplinarios obtuvo una tímida sanción disciplinaria de once meses. Aparece mencionado una sola vez en la sentencia de la Corte Suprema contra Andrés Felipe Arias y nunca fue perseguido penalmente por, según los propios funcionarios de los Estados Unidos, haberle solicitado al ICA que “sacrificaran” a uno de sus empleados para culparlo del escándalo. Su historia pasó completamente desapercibida mientras que todas las lupas de la prensa y las autoridades han estado sobre el exministro Arias.
