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Los habitantes de la subregión del Bajo Cauca antioqueño viven horas de angustia debido a la situación de orden público derivada del paro minero, que ya cumple una semana. Mientras persisten los bloqueos en las vías, transportadores, campesinos y la comunidad en general denuncian graves problemas de seguridad y afectaciones a la movilidad.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que las protestas dejaron de ser pacíficas desde el momento en que algunos manifestantes protagonizaron actos de vandalismo, como la quema de embarcaciones, vehículos y la obstrucción de vías, interrumpiendo significativamente el tránsito desde Medellín hacia la costa Atlántica.
“Por estos hechos —ataques a la misión médica, confinamiento de la población civil, restricción y bloqueo de vías, quema de vehículos y desabastecimiento de gas en Nechí se decidió en el Puesto de Mando Unificado, PMU, con autoridades nacionales y departamentales, el uso legal y legítimo de la fuerza, tras haber agotado todas las opciones de diálogo”, afirmó el gobernador Rendón.
A la crisis en movilidad se suma ahora el desabastecimiento de productos básicos, como el gas natural en el municipio de Nechí, cuya llegada se ha visto imposibilitada por la parálisis en la movilidad. “Lamentamos que hoy el municipio no cuente con gas natural, situación directamente vinculada con los bloqueos generados por el paro minero”, señaló Rendón.
Problemas en la movilidad
En Caucasia, los bloqueos afectan sectores clave de ingreso y salida de la ciudad, incluyendo tramos hacia el sur y zonas cercanas al Puente Carlos Lleras Restrepo, dificultando el tránsito vehicular.
En Cáceres, manifestantes han interrumpido la carretera hacia la Costa Caribe a la altura del Batallón Rifles, colocando obstáculos sobre la calzada. En Santo Domingo y Valdivia, se reportan cierres en puntos estratégicos que generan interrupciones del tránsito en estos municipios, afectando la circulación de vehículos y el transporte de mercancías.
Lo que piden los mineros del Bajo Cauca antioqueño:
- Formalización minera ágil para pequeños y medianos productores.
- Suspensión de operativos de destrucción de maquinaria durante el diálogo.
- Diferenciación entre minería criminal y minería tradicional.
- Garantías jurídicas para evitar judicializaciones masivas.
- Acceso a títulos mineros o subcontratos de formalización.
- Apoyo estatal para implementar tecnologías limpias y eliminar el uso de mercurio.
- Programas de reconversión laboral para quienes deseen abandonar la minería.
- Inversión social en infraestructura, salud, educación y saneamiento.
- Participación de comunidades mineras en políticas públicas.
- Mayor presencia integral del Estado en el territorio.
- Control a grandes empresas para evitar desplazamiento de pequeños mineros.
- Creación de una mesa permanente de diálogo.
