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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia citó a audiencia de indagatoria a los senadores Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.
La investigación está relacionada con el expediente que archivó el proceso contra el senador Iván Cepeda y al contrario abrió investigación a Uribe por presunta manipulación de falsos testigos.
El alto tribunal explicó que los senadores serán vinculados formalmente a la investigación mediante indagatoria y aclaró que antes de presentarse a esta diligencia tendrán oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen y que además contarán con tiempo suficiente para preparar su defensa.
La Corte también sostuvo que accedió a la petición del senador Uribe Vélez y dispuso escucharlo en versión libre en el curso de indagación, también por “presunta manipulación de testigos en hechos anteriores al 16 de febrero de 2018, derivada de la investigación preliminar que se adelantó al senador Iván Cepeda”.
El objetivo del proceso es determinar si los senadores infringieron o no la ley penal, así como los eventuales motivos, factores y circunstancias que rodearon los hechos objeto de investigación.
Según las pruebas en manos de la Corte, al parecer, con su consentimiento, “personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”.
Asimismo, la Corte Suprema compulsó copias ante la Fiscalía General para verificar las interceptaciones de las llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente.
Santiago Uribe actualmente es procesado por su presunta participación en la conformación y financiamiento del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles en Antioquia en la década de los 90.
El empresario antioqueño es procesado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, por presuntamente ordenar el asesinato del conductor del bus escalera Camilo Barrientos.
