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Delegados de la Fiscalía General de la Nación sostendrán una nueva reunión este martes 10 de febrero con el Comisionado de Paz, Otty Patiño, con el fin de discutir si es procedente reactivar las órdenes de captura que pesan contra Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe de Estado Mayor de Bloques y Frente de las Disidencias de las Farc y varios de los cabecillas del frente 33 de las Disidencias de las Farc.
Hasta el momento la Fiscalía no ha recibido una solicitud formal por parte del Gobierno nacional en el sentido de reactivar las respectivas órdenes de captura.
Un primer requerimiento de la Fiscalía surgió a raíz de los nuevos hallazgos relacionados con presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc al Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia con el fin de que sea el Gobierno el que determine si solicita reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá.
A ello se suman los hechos registrados en el departamento del Guaviare relacionados con la masacre de 26 personas, lo que motivo nuevas solicitudes a la Oficina del Comisionado de paz sobre el beneficio de suspensión de las medidas judiciales.
La propia defensora del Pueblo Iris Marín también le solicitó en su momento al Gobierno Nacional reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá.
En su oportunidad la fiscal general Luz Adriana Camargo, enfatizó que de comprobarse que durante las conversaciones se incurrió en delitos de lesa humanidad o infracciones graves se ordenará reactivar de manera directa las órdenes de captura que pesan en contra de alias Calarcá.
“En una instancia en que nosotros verifiquemos a partir de la información que hay, que durante las conversaciones ha cometido efectivamente delitos de lesa humanidad o infracciones graves al derecho internacional humanitario”, explicó la fiscal general.
A comienzo de este año, el Ministerio de Defensa también indicó que analizaba la posibilidad de revertir la suspensión de la orden de captura contra alias Calarcá, ante lo que considera un incumplimiento grave de los compromisos asumidos en el marco de la política de Paz Total.
La revisión está siendo liderada por el Ministerio de Defensa, luego de un incremento de acciones violentas atribuidas a estructuras bajo el mando de este cabecilla, entre ellas ataques armados, extorsiones y hechos que han afectado directamente a la población civil y a la fuerza pública en varias regiones del país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que los beneficios jurídicos otorgados a los grupos en negociación no son indefinidos ni automáticos, y que su permanencia depende del respeto a los compromisos pactados. En ese sentido, señaló que la continuidad de delitos de alto impacto obliga al Estado a reconsiderar la vigencia de medidas como la suspensión de órdenes de captura.
Entre los hechos que pesan en la evaluación se encuentran acciones que han dejado víctimas mortales y que han puesto en entredicho la efectividad de los mecanismos de verificación. De acuerdo con cifras oficiales, durante el actual gobierno más de 2.000 personas han muerto en hechos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, incluidos centenares de integrantes de la fuerza pública.
