Defensoría del Pueblo alerta por escalada de violencia en el Huila

La zona occidente del departamento en riesgo por ataques con drones, hostigamientos, daños en viviendas y colegios.
Alerta Defensoría del Pueblo Huila
Alerta Defensoría del Pueblo Huila Crédito: Paula García, LA FM

La escalada de violencia que se ha presentado en los dos últimos meses en el Huila y con mayor fuerza la última semana, encendió las alertas de la Defensoría del Pueblo, que advirtió sobre los riesgos que enfrentan las comunidades por los ataques con explosivos lanzados desde drones y los hostigamientos contra la Fuerza Pública. Los hechos han generado temor entre los habitantes, afectaciones en viviendas y medidas para proteger a estudiantes expuestos al peligro.

De acuerdo con el organismo, durante la última semana se registraron ataques en Aipe, Palermo, Teruel y la zona rural de Neiva. A estos hechos se sumó el hostigamiento ocurrido la noche del viernes 16 de octubre en el casco urbano de Íquira, en el occidente del departamento. Las acciones violentas dejaron al menos tres integrantes de la Fuerza Pública heridos, según la información entregada por la entidad.

Reubicación de estudiantes

"Advertimos que algunas viviendas resultaron afectadas y que una institución educativa tuvo que ser reubicada para proteger a los estudiantes. Esta situación no solo representa un riesgo para la integridad de las familias y los niños, sino que también puede afectar el derecho a la educación y la continuidad de las actividades escolares", indicó la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, recordó que en julio emitió la Alerta Temprana 016 de 2026, en la que advirtió sobre posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por la expansión territorial del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, estructuras adscritas al Bloque Central Isaías Pardo del grupo armado que se autodenomina Estado Mayor Central (EMC).

Municipios que incluye la alerta

"La alerta incluye a Aipe, Palermo, Neiva y Teruel, territorios donde se han reportado hechos recientes de violencia, por lo que insistimos en que la población civil debe permanecer al margen de las confrontaciones y no puede convertirse en víctima de las acciones de los grupos armados", agregó la Defensoría.

Ante este panorama, la entidad exigió a los responsables detener cualquier acción que ponga en peligro a las comunidades. También pidió a las autoridades locales, en coordinación con las personerías municipales, activar las rutas de atención para identificar y responder a las afectaciones sufridas por las familias.

Además, hizo un llamado a las autoridades departamentales para adoptar medidas urgentes de prevención y protección. La Defensoría aseguró que continuará acompañando a las comunidades y articulando esfuerzos con otras entidades del Ministerio Público para contribuir a la garantía de sus derechos.

La preocupación se extiende a las familias que viven en las zonas afectadas, especialmente por el riesgo de nuevos ataques y las consecuencias sobre la vida cotidiana. El organismo reiteró que las medidas institucionales deben priorizar la seguridad de la población civil y la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Claves del tema en cuatro preguntas:

¿Qué municipios están entre los más afectados?

Aipe, Palermo, Teruel, La Plata, Íquira y la zona rural de Neiva han sido señalados en el contexto de la reciente escalada de violencia.

¿Qué hechos encendieron las alertas?

Ataques contra la Fuerza Pública con explosivos lanzados desde drones y un hostigamiento en el casco urbano de Íquira, ocurrido el viernes 16 de octubre.

¿Cuántos heridos se reportaron?

La Defensoría informó sobre al menos tres integrantes de la Fuerza Pública heridos.

¿Qué afectaciones ha sufrido la población civil?

Se reportaron daños en algunas viviendas, temor entre los habitantes y la reubicación de una institución educativa para proteger a los estudiantes.

¿Qué exige la Defensoría del Pueblo?

Que los grupos armados cesen los ataques y que las autoridades activen rutas de atención, prevención y protección para las comunidades en riesgo.


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