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El Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona la legalidad de una orden presidencial que obliga a destinar 33,3 % de pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y nuevas tecnologías, porque según la Fundación para el Estado de Derecho, se desconocieron normas y se vulneró la reserva de ley.
La acción fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Directiva Presidencial 11 de 2024, que obliga a entidades públicas a destinar un porcentaje fijo de su presupuesto de comunicaciones para contratar medios comunitarios y alternativos. Hechos por el cual la Fundación argumentó que esta orden vulneró principios constitucionales como la legalidad, la libre competencia, la igualdad, y que desconoce la reserva de ley en materia de contratación estatal.
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Para la Fundación, aunque la directriz persigue fines legítimos como la pluralidad informativa y el acceso equitativo a la pauta estatal, esta norma fue adoptada sin respetar los límites legales y constitucionales que rigen la contratación pública.
Entre tanto, la entidad advierte que imponer un porcentaje fijo para contratar con determinados medios desconoce lo establecido por la ley en materia de publicidad oficial, que exige que esta se utilice para cumplir con las finalidades institucionales, pero no fija un monto específico ni menciona este tipo de medios.
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El Consejo de Estado admitió la demanda tras verificar que cumple con los requisitos legales, y evaluará si la Directiva 11 excedió las competencias del presidente al imponer condiciones contractuales sin fundamento normativo.
Por otro lado, como parte del proceso también se analizará la falta de claridad jurídica sobre los llamados “medios alternativos”, cuya definición, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), no se encuentra expresamente contenida en el ordenamiento legal vigente.
Esta ambigüedad, advierte la Fundación, abre la puerta a la discrecionalidad, concentración de recursos y posibles usos políticos de la pauta institucional.
Finalmente, "el fortalecimiento de la pluralidad informativa debe hacerse respetando las reglas del juego. Las entidades estatales deben contratar según principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, y no mediante imposiciones que distorsionan el uso del presupuesto público", afirmó Andrés Caro, director de la Fundación.
