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La abogada Sandra Mónica Herrera, defensora de comparecientes de las extintas Farc-EP ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció a través de un vídeo los momentos de terror que vivió junto a sus dos escoltas luego de su secuestro por cerca de 40 minutos en zona rural de La Plata, Huila por hombres armados, quienes les robaron la camioneta blindada, armas y chalecos.
El hecho ocurrió cuando la profesional viajaba en una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección cuando, sujetos armados con fusiles y pistolas interceptaron el vehículo, encañonaron a sus ocupantes y los obligaron a permanecer retenidos durante aproximadamente 40 minutos.
La abogada denunció el hecho a través de un video
A través de un video, Sandra Herrera contó parte de los momentos de angustia que enfrentó junto con los dos hombres encargados de su protección. Los agresores no solo los mantuvieron bajo amenaza, sino que posteriormente se llevaron la camioneta blindada, las armas de dotación, los proveedores y los chalecos balísticos que pertenecían al esquema de seguridad.
“Quiero denunciar un hecho muy complicado que puso en riesgo mi vida y la de mis dos escoltas, en zona rural de La Plata, Huila cuando íbamos en el vehículo de protección, una vez nos encañonaron hombres armados de la guerrilla, les quitaron las armas a mis escoltas y nos llevaron por un camino destapado por cerca de 40 minutos o más. Fue un momento muy tenso y complicado para nosotros”, indicó la abogada.
Fueron liberados minutos después
Luego de varios minutos, los tres fueron finalmente liberados y quedaron en buen estado de salud; sin embargo, para la JEP no se trató simplemente de un hurto o una intimidación. La Jurisdicción señaló que, al haber sido sometidos mediante coacción y privados temporalmente de su libertad, el hecho constituye un secuestro.
“Nos dejaron en el camino, no teníamos señal hasta que en un carro alguien nos recogió y nos llevaron hasta el municipio de La Plata. Mi pregunta es ¿si siendo un fin de semana las autoridades y principalmente la Unidad Nacional de Protección (UNP), no tienen unas medidas de apoyo para seguridad y para extraernos del municipio una vez sucedido este caso?, quedamos expuestos durante mucho tiempo”, puntualizó la abogada.
La abogada está vinculada a la Justicia Transicional mediante un convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, y sus desplazamientos hacen parte de las labores de representación judicial de personas que comparecen ante la JEP. Para el momento de los hechos, además de llegar a La Plata, tenía previsto continuar hacia Florencia, Caquetá, para atender a otros comparecientes.
Llamado por parte de la JEP
Y es que la situación adquiere mayor relevancia porque Herrera ya había advertido sobre amenazas relacionadas con su trabajo como defensora de comparecientes. De acuerdo con la JEP, esos riesgos habían sido puestos en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y, tras una solicitud de la magistratura, el pasado 6 de mayo le fue asignado un esquema de seguridad.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de llevar la justicia transicional a territorios donde persisten condiciones de seguridad complejas. La presencia de abogados, magistrados y equipos técnicos en las regiones es necesaria para adelantar diligencias, escuchar a las víctimas y trabajar directamente con los comparecientes, pero estos desplazamientos también los exponen a riesgos.
Ante lo ocurrido, la JEP a través de un comunicado hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la UNP para revisar de manera inmediata los esquemas y las garantías de seguridad de las personas que permiten el funcionamiento de la Jurisdicción en los territorios.
La entidad rechazó el ataque y advirtió que ningún integrante de los equipos legales debería poner en riesgo su vida por cumplir con sus funciones. Para la JEP, garantizar la seguridad en las regiones es una condición necesaria para mantener el trabajo de la justicia transicional restaurativa.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿Qué le ocurrió a la abogada Sandra Mónica Herrera y a sus dos escoltas?
Fueron interceptados por hombres armados en zona rural de La Plata, Huila. Los encañonaron y los mantuvieron retenidos durante aproximadamente 40 minutos. Después, los agresores se llevaron la camioneta blindada, armas de dotación, proveedores y chalecos balísticos.
¿Por qué la JEP considera que se trató de un secuestro?
La JEP explicó que las tres personas fueron privadas temporalmente de su libertad mediante coacción y bajo amenaza de hombres armados, por lo que la Jurisdicción calificó el hecho como un secuestro, aunque posteriormente fueron liberadas.
¿La abogada ya había advertido sobre riesgos para su seguridad?
Según la JEP, Sandra Mónica Herrera había denunciado amenazas constantes ante la Unidad Nacional de Protección. Por solicitud de la magistratura, el 6 de mayo le fue asignado un esquema de seguridad.
¿Qué está pidiendo la JEP después de este hecho?
La Jurisdicción pidió al Gobierno Nacional y a la UNP revisar de manera inmediata los esquemas y garantías de seguridad de abogados, equipos técnicos y demás personas que trabajan en los territorios, para que puedan continuar las labores de justicia transicional sin poner en riesgo sus vidas.
