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La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra Georlett Sofía Gordon Ramos, coordinadora de apoyo logístico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por hechos de corrupción en contratos.
De acuerdo con las investigaciones esta funcionaria es señalada de supuestamente haber autorizado el pago de tiquetes con destino internacional sin realizar la labor de supervisión y control para evitar un detrimento a la entidad.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción investiga las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el contrato número 1816 suscrito en 2016 entre el ICBF y la empresa Subatours S.A.S.
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Los fiscales a cargo del proceso establecieron que este acuerdo tenía un valor cercano a 11.800 millones de pesos siendo el objeto suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para servidores públicos, contratistas y menores de edad que requieran adopción de medidas especiales de protección.
Las pruebas recolectadas por los peritos de la Fiscalía permitieron establecer que en este caso se habría presentado un peculado cercano a los 300 millones de pesos.
Este peculado se estableció que está relacionado con la expedición de 76 tiquetes internacionales que beneficiaron a particulares y funcionarios sin que se tuvieran los soportes legales de comisiones al exterior por parte de la entidad.
Según la Fiscalía esta funcionaria desde su cargo como coordinadora de apoyo logístico del ICBF y directora administrativa encargada, habría autorizado el pago de tiquetes con destinos internacionales sin contar con los soportes relacionados con los desembolsos.
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Ante la gravedad de los hechos investigados la Fiscalía General formuló cargos por el delito de peculado culposo contra Gordon Ramos ante un juez de control de garantías de Bogotá.
Tras ser interrogada por la juez que dirigió la audiencia pública la coordinadora de apoyo logístico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no aceptó los cargos formulados por parte de la Fiscalía.
