Gobierno asegura que busca entregar tierras con proyectos productivos a las Farc

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El primer requisito es que los exintegrantes de las Farc estén incluidos en el censo que hace la oficina del Alto Comisionado para la Paz y que ofrezcan proyectos agrícolas y de pesca.

Por medio de un comunicado de cinco puntos, el Gobierno expresó que a través de la Agencia Nacional de Tierras –ANT- se tiene estimada la entrega de proyectos productivos a excombatientes de las Farc.

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El Gobierno se pronunció sobre la noticia dada a conocer en emisión de este jueves de LA FM con Luis Carlos Vélez y aseguró que se entregarán tierras a quienes presentes proyectos productivos.

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Agregó que se adjudicarán las tierras a favor de las personas que abandonaron los grupos armados organizados al margen de la ley, con el objeto de promover su reincorporación a la vida civil.

“El proyecto de decreto crea un programa especial de dotación de tierras para la adquisición de predios que serán destinados única y exclusivamente para el desarrollo de proyectos productivos de carácter agropecuario, pesquero y/o de desarrollo rural”, dice el comunicado.

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De acuerdo con el decreto, los exguerrilleros de las Farc que pueden ser incluidos para recibir estos beneficios son aquellos que no tengan tierra o que esta sea insuficiente para adelantar los proyectos.

“No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana o que la propiedad que ostente no tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo”.

Según el decreto, todos deben haber suscrito el acta de compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz y no haber ocupado un terreno de manera indebida o que sea baldío.

 

El polémico decreto

 

LA FM conoció en exclusiva un proyecto de decreto del Gobierno que permite priorizar a las Farc como población especial para entregarles tierras.

En un proyecto de decreto conocido en exclusiva por LA FM, el Gobierno prioriza a las Farc cómo población especial para entregarles tierras. De acuerdo con el proyecto de decreto, “se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”.

Según los argumentos presentados por el Gobierno en el documento, la priorización de tierras tiene como fin “mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población rural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento”.

El proyecto sostiene que “la Agencia Nacional de Tierras tendrá a cargo la articulación interinstitucional con las demás agencias del Gobierno Nacional competentes y el Consejo Nacional de Reincorporación, en el marco del principio de colaboración armónica, con el fin de garantizar un proceso expedito de compra, dotación e incorporación de proyectos productivos de desarrollo socio-económico que garanticen la reincorporación integral y sostenible de las FARC-EP a través del programa de dotación de tierras“.

El documento también habla de “reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras entre otros a los beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional”.

En uno de los apartes del documento se hace especial énfasis a las Farc. “Que en desarrollo del contenido del artículo 22 constitucional y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 418 de 1997, el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC–EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante Acuerdo Final), el cual fue refrendado por el Congreso de la República mediante decisión política del día 30 de noviembre de 2016″.

El proyecto de decreto fue presentado por el Ministerio de Agricultura y está firmado, además de esta cartera, por las del Interior y de Hacienda.