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En el preacuerdo, Arias aceptó cargos, convirtiéndose en el testigo estrella de la Fiscalía a cambio de una rebaja en la pena.
Arias aceptó dentro de esa negociación su responsabilidad en los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, contrabando, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito, pagando una pena de 10 años de prisión.
Dentro de las investigaciones, James Arias realizó maniobras ilegales en importaciones y exportaciones ficticias de chatarra a Estados Unidos, China y España.
La investigación se remonta al año 2006 cuando a la Unidad de Extinción y Contra el Lavado de Activos, le fue allegada abundante información legalmente obtenida; elementos de prueba del registro ilícito de importaciones y exportaciones ficticias de chatarra.
La Fiscalía estableció que en el 2007 fueron creadas cerca de 26 empresas, las cuales por iniciativa de la firma R&B CONSULTORES Y ASESORES, de propiedad de la Blanca Jazmín Becerra, sentenciada por estos hechos, les asesoró sobre la manera de obtener la devolución del IVA por la exportación de la chatarra.
De la misma manera, se registraron importaciones ficticias de material ferroso desde Venezuela que de forma camuflada era ingresado por las fronteras, vía terrestre, por trochas, simulando traer Níquel o Plomo, pero que realmente era cobre. El metal era hecho pasar como de origen nacional, con el fin de evitar su origen nacional y evitar el pago de impuestos.
