Solicitan a Fiscalía identificar autores de amenazas del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

Este tipo de hechos genera zozobra y terror en las comunidades que fueron despojados de sus tierras por actores armados.
.Clan del Golfo
‘Chiquito Malo’ es el máximo cabecilla del Clan del Golfo y estará en conversaciones con el Gobierno. Crédito: Cortesía. Imagen de referencia.

Luego del panfleto difundido por integrantes del Clan del Golfo, en el que amenazaban a reclamantes de tierras en la vereda El Totumo del municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, el Instituto Popular de Capacitación rechazó los hostigamientos y expresaron que es intolerable que las autoridades naturalicen las amenazas que opositores de mala fe y grupos armados realizan contra la población reclamante de tierras.

Además, afirmaron que no hacen nada por el esclarecer e investigan a los autores de estas amenazas y que no despliegan ninguna estrategia efectiva para la prevención de violencias y la protección de las víctimas del conflicto armado.

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Asimismo, aseguraron que este tipo de hechos genera zozobra y terror en las comunidades que fueron despojados de sus tierras por actores armados o por terceros que se beneficiaron criminalmente del conflicto armado.

Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación, expresó: "le exigimos a la Fiscalía General de la Nación que realice la respectiva noticia criminal y empiece ya las investigaciones que conduzcan a develar los grupos armados y los opositores que están detrás de estos graves delitos".

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Desde el Instituto Popular de Capacitación también le solicitaron al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que indague con este grupo armado sobre la veracidad de la procedencia de estas amenazas y de ser ciertas, que les solicite dejar de realizarlas como muestra de una verdadera voluntad hacia la 'paz total' que promueve el Gobierno Nacional.

Además, le exigieron a la Policía Nacional realizar acciones de prevención y protección efectiva, que eviten que los grupos armados y opositores sigan constriñendo a esta población vulnerable.

En igual sentido, también le solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que realice los estudios de riesgo de seguridad, teniendo presente la vulnerabilidad que tienen estas personas.


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