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La Corte Constitucional respaldó al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, en su disputa legal tras la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado.
El tribunal falló a favor de Baquero, quien presentó una tutela alegando la vulneración de sus derechos constitucionales al ser destituido por una interpretación restrictiva de su experiencia profesional, lo que violaba su derecho a acceder a cargos públicos.
Así las cosas, el magistrado deberá ser reintegrado a su cargo de manera inmediata en la próxima Sala Plena, citada para este jueves 26 de septiembre.
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Retrasos en el caso Petro
El magistrado Baquero se reincorporará justo el día en que se tenía previsto votar la ponencia que solicita formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa, por una presunta violación de los topes de campaña en 2022.
Debido a que no conoce los detalles de la investigación, tras haber estado suspendido varios meses, Altus Baquero solicitará la rotación del expediente, lo que retrasará el proceso al menos 15 días. Por ello, se espera que el tribunal tome una decisión definitiva en este caso el lunes 15 de octubre.
“Un expediente tan voluminoso de más de 8.000 folios y 182 pruebas se hace necesario conocer los detalles. Un día no es suficiente para tomar una decisión de esta naturaleza y por lo tanto se hace necesario contar con los días de la rotación para poderlo hacer”, confirmó Baquero a La FM de RCN Radio.
Cabe mencionar que en la última sesión realizada el 16 de septiembre, tampoco se pudo avanzar en el proceso ya que la magistrada Alba Lucía Velásquez, cercana al Pacto Histórico, solicitó conocer más detalles del informe de ponencia elaborado por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, designados como investigadores del caso.
El documento consta de más de 314 páginas que recogen varios meses de investigación preliminar, durante los cuales se practicaron audiencias de testimonio y se solicitaron registros contables y certificados.
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Según la investigación, la campaña de Petro habría violado el régimen de financiación electoral en la primera y segunda vuelta, superando los 5.300 millones de pesos, principalmente en pagos a testigos electorales, aportes de sindicatos, publicidad y transporte aéreo.
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