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La Refinería de Cartagena, a través de un comunicado, respondió a las declaraciones del contralor general Edgardo Maya, quien en un informe de la auditoria especial sentenció que hasta el año 2046 los colombianos deberán pagar por intermedio de Ecopetrol la deuda que dejó ese proyecto, explicó que la mayoría de los hallazgos del ente de control se refieren a problemas de gestión y/o desempeño en la ejecución de trabajos por parte de la empresa contratista CB&I y algunos subcontratistas, y que los resultados no hacen referencia a actos de corrupción por parte de Reficar, ni existen hallazgos con alcance penal.
El documento expresa que actualmente Reficar tiene en marcha un proceso de arbitramento internacional en contra de la compañías CB&I N.V., CBI Colombiana y CBI UK, en el que se busca recuperar los costos, daños y perjuicios ocasionados por, o atribuibles a, dichas compañías, y que la refinería está empeñada en que se conozca toda la verdad, por lo que "han aportado toda la información requerida por los organismos de control sobre el proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Cartagena".
La refinería recalcó que presentó oportunamente a la Contraloría las variaciones que ha tenido el proyecto en términos de su inversión y cronograma de ejecución, las cuales se detallan en cinco controles de cambio durante su desarrollo, y que los principales resultados del ente de control hacen referencia al lucro cesante y sobrecostos, "derivados de las falencias o problemas de ejecución por parte de ciertos contratistas, en particular de CB&I".
Por último, la comunicación concluye que la refinería reconoce el trabajo adelantado por la Contraloría, y confía en que la empresa y sus trabajadores "puedan explicar sus actuaciones y decisiones dentro del marco legal y constitucional de Colombia, incluido el legítimo derecho a la defensa y la presunción de inocencia".
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