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El Consejo de Estado rechazó una tutela que pretendía anular el concepto emitido por ese mismo tribunal, en el que se ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El tribunal estudió los argumentos con los que la Fundación DILO, afirmaba que buscaba proteger el derecho al debido proceso y al juez natural, al considerar que esa discusión debió adelantarse por la Corte Constitucional.
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Pese a los argumentos, los magistrados desestimaron el recurso de la fundación tras indicar que la accionante no tiene un interés directo sobre el tema de la solicitud, pues ese interés correspondería directamente al presidente Gustavo Petro.
"La Fundación DILO Colombia no ostenta un interés sustancial, directo y particular respecto de la solicitud de amparo, en tanto no alega la amenaza o vulneración a un derecho fundamental propio; por el contrario, el derecho al debido proceso y la garantía del juez natural que se pretenden resguardar no están en cabeza de la accionante, sino de otra persona, es decir, el presidente Gustavo Francisco Petro", señala uno de los apartes de la decisión.
Los magistrados explicaron que para exigir la protección del derecho al debido proceso como una parte activa en el proceso, la fundación debe demostrar que es ciudadana y que además ejerció el derecho al voto en la carrera presidencial.
Sin embargo, el fallo destacó que la Fundación DILO no tiene condición de ciudadanía, por lo que no pudo haber ejercido el derecho al sufragio en las elecciones presidenciales y tampoco podría actuar como representante del presidente Petro.
"La Fundación no tiene el carácter de ciudadana y por ello tampoco ejerció el derecho al voto en las últimas elecciones presidenciales, ni actúa como agente oficiosa del presidente de la República, de manera que no se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por activa", aseguró el documento.
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El Consejo de Estado tiene pendiente resolver el recurso presentado por el abogado Héctor Carvajal, representante legal del presidente, por el que están esperando que el CNE y la Comisión de Acusación del Congreso se pronuncien sobre la tutela del litigante.
