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La Procuraduría General de la Nación decidió prorrogar por tres meses más la suspensión provisional al destituido gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, vinculado en presuntos actos de corrupción en ese departamento.
La medida se tomó en el marco de una investigación que adelanta esa entidad por las presuntas irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología que fue suscrito en el 2013 entre la Gobernación y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl).
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La Procuraduría anunció que también investiga al director administrativo de Planeación, Manuel José Benjumea Simancas, a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez y al director de contratación de la gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano.
Las investigaciones que se adelantan buscan establecer si Besaile participó en los actos de corrupción denunciados y confesados por el exgobernador Alejandro Lyons, en relación con el destino indebido que tendrían los recursos públicos en la contratación.
Cabe mencionar que Besaile ya había sido destituido e inhabilitado por el término de 10 añospor celebración irregular de millonarios contratos en el sector de la salud, especialmente los relacionados con la atención a menores de edad en condición de discapacidad.
En su momento, la Procuraduría encontró que Besaile habría ordenado el supuesto pago de terapias para 2.181 menores de edad entre diciembre de 2014 y agosto de 2015 por un valor cercano a los 4.900 millones de pesos.
Sin embargo, dichas terapias nunca se realizaron y los dineros del contrato fueron desviados para otros fines. En el proceso disciplinario se determinó que pese a lo manifestado por la Gobernación no existía una relación contractual entre el ente territorial y Funtierra Rehabilitación IPS.
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