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La Procuraduría General inició un plan de vigilancia y restablecimientos de derechos a niños y niñas que en los últimos días fueron rescatados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía de Bogotá, en la localidad de Santa Fé.
Al parecer los 45 menores habrían sido víctimas de todo tipo de vejámenes, incluidos varios casos de abuso sexual, por lo que el procurador Fernando Carrillo, hizo un llamado a las autoridades judiciales para penalizar a los responsables de los abusos.
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“Judicializar las redes criminales que explotan y se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes colombianos y migrantes venezolanos”, señaló esa entidad a través de un comunicado.
La Procuraduría anunció que hará seguimiento a los procesos penales contra explotadores sexuales y casos de extinción de dominio, sobre los inmuebles en los que se identificó esta grave vulneración de derechos.
Cabe mencionar que en dichos operativos fue rescatada una bebé de 3 meses, quien se encontraba con su mamá, a quien identificaron como una menor de 16 años.
De la misma forma, se puso a disposición una sería de procuradores judiciales de familia que se encargarán de vigilar los procesos de restablecimiento de derechos de los niños y niñas rescatados.
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El objetivo es garantizar que “se les brinde atención integral en salud física, psicosocial y garantías de no repetición que estén dirigidas a la reconstrucción real de sus proyectos de vida”.
“Como órgano de control debemos velar por la visibilización de estas violencias, el incentivo para denunciar y no callar debe ser la sanción efectiva a los explotadores así como la protección a las víctimas, el restablecimiento de sus derechos y el acceso a la justicia; recordando que como Estado estamos en la obligación de velar porque ninguna persona sea víctima de explotación sexual, puesto que es este un delito que vulnera la dignidad y los derechos humanos”, dijo Carrillo.
