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La Procuraduría General de la Nación propuso tumbar unos apartes de la ley 2089 de 2021 por la cual “se prohíbe el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra los niños, niñas y adolescentes”.
La propuesta se entregó a la Corte Constitucional a través de un concepto en el marco del estudio de una demanda que dice que unos apartes de esa norma, vulneran los derechos de los menores porque permitirían el castigo a los hijos.
De acuerdo con el texto firmado por la procuradora Margarita Cabello Blanco, el texto había quedado mal redactado, pues se entiende el castigo físico como un posible método de crianza.
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“Es preocupante introducir en el ordenamiento jurídico expresiones normativas que retrocedan en la protección de las prerrogativas de los niños, niñas y adolescentes”, se lee en el documento.
Más adelante en el documento, la Procuraduría dice que los apartes de la norma “desconocen los mandatos superiores que le imponen al legislador el deber de sancionar todo tipo de violencia física y psicológica en el entorno familiar hacia los niños, niñas y adolescentes”.
El aparte de la ley al que se hace referencia dice que “el castigo físico o los tratos crueles y humillantes no serán una causal para que los padres pierdan la patria potestad de sus hijos, siempre y cuando no sean una conducta reiterativa y no afecte la salud mental o física de los menores”.
Según los demandantes de la norma, ésta establece que, al permitir algún tipo de maltrato a los niños, niñas y adolescentes, se estaría incumpliendo con la obligación que tiene el Estado de protegerlos eficazmente frente a escenario de violencia intrafamiliar.
El Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) respaldaron esos argumentos y también le solicitaron a la Corte eliminar del texto de la ley el parágrafo que define al castigo físico como una medida de "crianza, orientación o educación".
