La Procuraduría General de la Nación le solicitó formalmente a la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bootá que modifique la medida de aseguramiento emitida en contra de los generales en retiro Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna por el magnicidio del candidato presidencial, Luis Carlos Galán, el concejal Julio César Pedroza y el escolta Santiago Cuervo Jiménez en hechos registrados el 18 de agosto de 1988.

Para el Ministerio Público los dos oficiales en retiro de la Policía Nacional deben estar privados de su libertad en un centro carcelario mientras se resuelve su situación jurídica. Esto debido a que el crimen del líder del Nuevo Liberalismo fue declarado como de lesa humanidad, hecho por el cual no se pueden otorgar beneficios.

La Fiscalía General cobijó a los dos generales con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, es decir que solamente tienen una restricción para salir del país. Sin embargo, la Procuraduría General considera que debido al caso el ente investigador debe emitir una medida restrictiva de la libertad.

"Se solicita a la fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá se revoque la medida de aseguramiento no consistente en no privativa de la libertad por medida de aseguramiento de detención preventiva intramural", precisa uno de los apartes de la decisión publicada por Noticias RCN.

Igualmente señala que los dos oficiales deben ser procesados como coautores del homicidio del líder político, quien fue asesinado en la plaza central del municipio de Soacha (Cundinamarca) cuando se disponía a dar un discurso de cierre de su campaña política.

El órgano de control disciplinario sostiene que en el desarrollo de los procesos por el magnicidio de Galán, la Fiscalía General ha manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de mantener privados de su libertad a los implicados.

En la petición, la Procuraduría le pide al ente acusador revisar la preclusión de la investigación que se adelantaba al coronel (r) Gentil Vidal Sarria.

Desviación de la investigación

El general Serna Arias, quien para la época de los hechos fungía como subcomandante de la Policía de Cundinamarca, es investigado por no haber tomado las medidas necesarias para proteger al candidato presidencial, pese a las amenazas que Galán enfrentaba por parte del Cartel de Medellín.

El ente investigador señala que el oficial en retiro "tuvo conocimiento de la realización de la manifestación política" de Galán Sarmiento en uno de los eventos de cierre de su campaña presidencial.

"Tenía facultades para disponer de personal y medios logísticos para el cumplimiento de dicha tarea, pero según las pruebas recaudadas, ese día se dispuso de un servicio en el que habrían participado tan sólo aproximadamente 14 patrulleros; cantidad insuficiente de policías dada que el candidato ya había sufrido un atentado y era considerado el hombre más amenazado del país".

Tras revisar los elementos materiales probatorios, la Fiscalía General consideró que en los informes de la época se aseguraba que para la manifestación política se habían tomado las medidas necesarias para proteger su vida e integridad. Sin embargo, dicha información distaba mucho de la realidad puesto que existen evidencias que no se realizaron las medidas necesarias para salvaguardar al líder político.

"Los policías designados para la seguridad de la concentración política no pertenecían al grupo de contraguerrilla ubicado en Soacha que, ese día (18 de agosto de 1989), deliberadamente fue desplazado fuera del municipio, a pesar de que su presencia era importante para custodiar la plaza central de Soacha y sus alrededores", precisa uno de los apartes de la decisión. Por estos hechos, el general en retiro es investigado por su presunta participación a título de autor en modalidad de comisión por omisión.

El ente igualmente investiga al general Óscar Eduardo Peláez Carmona por presuntamente adelantar una serie de acciones destinadas a desviar las indagaciones por el crimen del candidato presidencial.

En los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en contra del exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez y el juzgado primero especializado de Cundinamarca contra el coronel (r) Miguel González se hizo evidencia al plan para evitar que los verdaderos responsables del asesinato fueran identificados.

El exdirector de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) es señalado de haber creado y modificado pruebas para vincular a personas que nada tuvieron que ver con el plan criminal y la ejecución del atentado.

Esto con el único fin de demostrar resultados ante la opinión pública, con el único fin de desviar la atención frente a los verdaderos responsables.