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La Procuraduría General de la Nación avanza en la investigación disciplinaria que abrió contra Juliana Guerrero Jiménez, coordinadora del Gabinete del Ministerio del Interior quien habría usado, aparentemente, un avión de la Policía Nacional para hacer un viaje familiar desde Bogotá hasta la ciudad de Valledupar.
La investigación previa también está dirigida contra varios funcionarios de esa cartera ministerial que aún están por determinarse. En este sentido, el Ministerio Público buscaría verificar cuáles serían los verdaderos motivos que llevaron a realizar este vuelvo con fecha del pasado 19 de junio. Dentro del mismo expediente la Procuraduría también vinculó a la tripulación, todos los pasajeros y la carga transportada en la aeronave.
Esta investigación partió a través de una denuncia que fue publicada en varios medios de comunicación, donde señalaban que, Juliana Andrea Guerrero habría utilizado esta aeronave de la Policía con matrícula PNC-042 para desplazarse, supuestamente con su hermana con ocasión de un supuesto compromiso personal.
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Ante estos hechos, "la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar si las conductas denunciadas podrían constituir una falta disciplinaria", señaló el Ministerio Público.
¿Quién es Juliana Andrea Guerrero?
La joven de 22 años fue asignada con funciones de coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior y fue presentada por el presidente, Gustavo Petro en el primer Consejo de Ministros.
Juliana es nacida en Valledupar y criada en Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar. Sus datos biográficos señalan que proviene de una familia humilde afectada por el conflicto armado en la Costa Caribe.
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Se graduó del colegio en 2018 con uno de los puntajes más altos del ICFES en su región, mérito que le abrió las puertas para estudiar contaduría pública en la Universidad Popular del Cesar, donde empezó a manifestar su vocación política como representante estudiantil.
Entre tanto, Guerrero pasó al banquillo de los indagados disciplinariamente por conductas que, según el órgano de control, estarían fuera de su funciones.
