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La Procuraduría General de la Nación reveló que fue realizada una inspección judicial a las oficinas de Odebrecht con el objetivo de conseguir el material probatorio sobre las irregularidades que se presentaron en varios contratos.
Para el procurador General, Fernando Carrillo, el seguimiento a contratos y la evidencia de la participación de funcionarios públicos será el objetivo de las indagaciones que están adelantando para desarrollar las acciones disciplinarias formales.
“Se realizó una inspección a las oficinas de Odebrecht para identificar documentación relevante para el proceso, como los estados financieros de 2014 y 2015. Se anexaron al expediente los reportes de la Superintendencia de Sociedades, en donde ese ente de control establecía que para el 2014 Odebrecht se encontraba, por su insolvencia económica, en una causal de disolución, y las actas de la junta directiva del Banco Agrario en donde se discutió el préstamo a Navelena”, señaló el procurador.
De igual forma, Carrillo anunció que no descarta la vinculación de particulares dentro de las investigaciones disciplinarias, es decir, que contratistas también deberían enfrentar este tipo de juicios porque sus acciones también se constituyen en una afectación al patrimonio del país.
“Según la gravedad de la falta, la sanción para este tipo de actuaciones podría llevar hasta la inhabilidad de los responsables para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado”,afirmó.
Finalmente, llamó la atención a las autoridades judiciales para revisar las relaciones contractuales existentes con la firma porque -según el procurador Carrillo, “es inadmisible que Odebrecht todavía haga parte de la sociedad que ejecuta el proyecto. Es necesaria una medida de nulidad de ese contrato”.
