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La Procuraduría delegada para la Fuerza Pública fijó las fechas de audiencia en el proceso disciplinario que avanza contra un grupo de soldados del Ejército señalados de abusar sexualmente de una menor de edad perteneciente a la comunidad indígena embera katio en el departamento de Risaralda.
Este caso es diferente al de la niña embera chami, víctima de violación por parte de un grupo de uniformados pertenecientes al Batallón de Artillería No. 8 del Ejército, Batalla San Mateo, con sede en Pereira, que aceptaron su responsabilidad en el hecho.
Las audiencias se realizarán de manera virtual en las siguientes fechas: 27 28 y 29 de julio y 12, 13, 14 de agosto.
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En el caso de la niña embera chami, los soldados implicados en el caso aceptaron los cargos que les fueron imputados. Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruíz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández son sus nombres.
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A cargo de la Procuraduria también está la investigación por presunta violación sexual a una menor de 15 años indígena perteneciente a la comunidad nukak en el departamento del Guaviare.
Esos hechos habrían ocurrido en septiembre del año pasado en la vereda Charras del municipio de San José de Guaviare cuando un hombre al parecer miembro del Ejército, “se la llevó a la base militar y la habría mantenido allí retenida desde el 8 al 13 de septiembre cuando ella puso escapar”.
Según cifras del Ejército, son por lo menos 118 casos de abuso sexual por parte de miembros de esa entidad pública.
Al conocerse la noticia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) rechazó la situación y alzó su voz de protesta con el fin de que las investigaciones no queden en la justicia penal militar.
“Quiero repudiar este hecho atroz que va en contravía de los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas de Colombia. Sabemos que no es un tema aislado, es estructural, una doctrina de la fuerza pública que debe ser desmantelada por la paz y esa forma de mirarnos de manera racista y xenófoba (…)”, dijo Aida Quilcue, Consejera derechos humanos de la ONIC, en una rueda de prensa virtual llevada a cabo en junio pasado.
En junio la Fiscalía imputó cargos a un grupo de soldados de ese batallón por el delito de acceso carnal abusivo agravado en menor de 14 años.
