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La Procuraduría General le abrió investigación disciplinaria al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Norberto Mujica, por las presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19.
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El Ministerio Público informó que la investigación se desprende de las denuncias presentadas contra el general por una posible omisión de funciones para proteger los derechos a la salud y vida de los internos de todas las cárceles del país.
“El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República”, precisa el órgano de control disciplinario.
El foco de contagio en las cárceles inició en el establecimiento de Villavicencio, en el cual, a la fecha, ya se registran 204 casos según el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.
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El traslado de unos reclusos a las cárceles La Picota en Bogotá y Heliconias en Florencia habría llevado el virus a esas dos cárceles.
A esos tres establecimientos se suman las cárceles de Guaduas, Picaleña en Ibagué y Leticia en donde la persona infectada en un guardia que viajó a Brasil que al parecer no ha tenido contacto con los internos de ese penal, según información del Inpec.
Con la investigación disciplinaria al director del Inpec, la Procuraduría busca determinar si cometió alguna falta en sus funciones que llevaron a no garantizar los protocolos de bioseguridad en esos traslados.
“La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública”, reseñó el Ministerio Público.
Por su parte, un juez de Villavicencio al fallar una tutela a favor de los internos de esa ciudad, dio plazo de 12 horas a las autoridades penitenciarias y gubernamentales para escoger un centro carcelario donde trasladar a las personas mayores de 60 años.
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El juez propuso en la sentencia el Centro de Atención al Menor Infractor para Adolescentes del Yari como el lugar para el traslado o algún inmueble de extinción de dominio.
"Al ICBF informar las condiciones jurídicas y de infraestructura en que se encuentra actualmente el Centro de Atención al Menor Infractor para Adolescentes del Yari y su viabilidad para habilitado de manera transitoria, como lugar de aislamiento", precisa la decisión.
También ordena a la Sociedad de Activos Epeciales (SAE) “se informe de manera inmediata (…) los inmuebles disponibles y las condiciones jurídicas y de infraestructura en que se encuentren, que puedan ser habilitado de manera transitoria como lugar de aislamiento de los PPL hoy agenciados”.
El fallo señala que una vez se elija el lugar de traslado, las autoridades tendrán un plazo de cinco días para efectuar los traslados bajo todas las condiciones de seguridad que han sido emitidas por el Gobierno.
