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La Fiscalía General de la Nación remitió a la Contraloría General de la República la denuncia y documentos suministrados por parte del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Mauricio Lizcano, en los cuales hizo referencia nóminas paralelas por la contratación de personal para los años 2021 y 2022 que ascendería a 4.5 billones de pesos.
De acuerdo con la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía por el momento no se hallaron méritos para adelantar una investigación penal por estos hechos, sino que se trata de episodios que competen acciones de carácter fiscal en cabeza de la Contraloría.
Dentro de las evidencias que serán remitidas a la Contraloría se encuentran una serie de documentos relacionados con el presupuesto ejecutado por parte de varias entidades del Estado por concepto de prestación de servicios.
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Según los investigadores, Lizcano advirtió sobre algunas irregularidades encontradas, entre ellas, una política laxa en la supervisión de contratos de prestación de servicios, similitud en el objeto contractual referente a las tareas propias de los funcionarios de planta y se constató que algunas personas son beneficiadas de varios contratos en distintas entidades estatales.
También recalcó: “La información brindada hace parte de los datos no verificados de personas que manifestaron presuntas irregularidades sin precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, que en todo caso entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”.
Los fiscales que revisaron la documentación aportada por Lizcano, concluyeron que para este caso se requiere de una labor de escrutinio fiscal y ello desborda las funciones de la entidad.
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“En ese sentido, se remitirá la información a la Contraloría General de la República para que de acuerdo con sus funciones, de considerarlo necesario, establezca la auditoría a los contratos que presenten irregularidades y de encontrarse algún hallazgo se haga la compulsa de copias respectivas a la Fiscalía”, añadió la Fiscalía.
