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A pocos días de conocerse el fallo del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, 38 juristas colombianos hicieron pública una carta en la que califican el caso como un “burdo montaje” y un ejemplo de lawfare. Uno de los firmantes es el abogado Andrés Úsuga Marín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Medellín, quien en entrevista con La FM de RCN Radio expresó fuertes críticas a la actuación de la Fiscalía y cuestionó la solidez del proceso judicial.
“Yo creo que lo que vimos desde el mes de febrero hacia adelante, en la práctica de casi 70 testimonios tanto de la Fiscalía como de la defensa, fue que la teoría del caso no fue probada”, aseguró Úsuga. Según su análisis, durante el juicio no se demostró que el expresidente Uribe hubiera tenido participación directa o indirecta en los delitos de fraude procesal, soborno o manipulación de testigos, como lo sostiene la acusación.
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"Nunca había visto algo así en mi recorrido judicial"
Úsuga, quien también es fundador de la firma Usuga & Buitrago Abogados Asociados Law Firm, afirmó que el proceso fue altamente irregular desde el punto de vista jurídico. “Yo nunca había visto en mi ya largo recorrido judicial —y no sé si usted sí lo había visto— que el denunciado pasara a ser la víctima y el denunciante el investigado”, dijo al referirse a la forma en la que se invirtieron los roles procesales durante el caso.
La carta firmada por los juristas, publicada el pasado 20 de julio, sostiene que el expediente contra Uribe fue promovido con base en “testigos falsos, ausencia de pruebas contundentes y una estrategia mediática de descrédito”, supuestamente cohonestada por la Fiscalía General de la Nación. Para Úsuga, el papel del ente acusador fue insuficiente y deslucido. “Vimos una precariedad en la teoría del caso por parte de la Fiscalía, y algo de liviandad en el desempeño de la juez 44 del circuito de Bogotá”, opinó.
Una advertencia sobre el lawfare
Uno de los puntos más relevantes de la carta y de las declaraciones de Andrés Úsuga es la referencia al uso del aparato judicial como instrumento político. “Este proceso es un ejemplo paradigmático de lawfare, el uso del derecho penal con fines políticos”, reiteró el abogado, advirtiendo que esta práctica representa “el mayor desafío para la justicia del país”.
El grupo de firmantes, compuesto por académicos y litigantes de distintas áreas del derecho, expresó en el documento su preocupación por el precedente que podría sentar este caso. “La justicia no puede ser utilizada para ajustar cuentas políticas”, señala la carta, enfatizando la necesidad de que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
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Llamado al respeto por la independencia judicial
Finalmente, Úsuga envió un mensaje a la opinión pública y a los actores judiciales y políticos del país: “Soy un respetuoso de la judicatura y creo que debemos proteger su independencia, pero también debemos exigir rigurosidad técnica y legal en cada decisión que se tome en un proceso tan delicado como este”, concluyó.
El fallo del caso Uribe, que se conocerá en los próximos días, marcará un momento clave para el sistema judicial colombiano, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores jurídicos.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
