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Este miércoles 9 de septiembre se cumplieron tres meses de la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez a manos de dos policías, en medio de una fuerte agresión de los uniformados con golpes y descargas eléctricas con pistolas Taser.
La muerte de Ordóñez desembocó en violentas jornadas de protestas en Bogotá desde la noche misma de ese 9 de septiembre, que condujeron a actos de vandalismo contra decenas de Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.
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Pero también desembocó de excesos aparentes de la fuerza pública en reacción a los actos de vandalismo que, según las denuncias, provocaron la muerte de al menos trece manifestantes durante los días de protestas.
Los entonces patrulleros de la Policía señalados de la muerte de Ordóñez, Juan Camilo Lloreda y Harvey Rodríguez Díaz, fueron detenidos y sancionados con destitución y veinte años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por parte de la Procuraduría.
Sin embargo, todavía faltan preguntas por responder y que se conozcan los resultados de las investigaciones que continúan, especialmente dentro de la propia Policía Nacional por la muerte de los manifestantes, y en la justicia ordinaria por parte de la Fiscalía General de la Nación.
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El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que ese hecho fue rechazado desde el momento en que se presentó y que es necesario continuar con el trabajo investigativo con el que “se determinen las responsabilidades que pueden ser atribuibles a agentes de la Policía Nacional, esto a la mayor celeridad posible y de la forma más transparente”.
Inmediatamente se dio la muerte de Ordoñez, el director de la Policía Nacional en calidad de encargado, general Gustavo Moreno, aseguró que esa institución estaba abierta para que las autoridades competentes realicen las investigaciones de rigor.
En un mensaje enviado este miércoles por Twitter, al alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que su administración "no aceptará la impunidad de esos hechos" y que ha hay un acuerdo con el PNUD y Alta Comisionada DD.HH. de Naciones Unidas "para que nos apoyen en la elaboración de un informe de verdad y memoria".
"Han pasado tres meses de los dolorosos hechos del 9 y 10 de septiembre en el que, en medio del uso indiscriminado de armas de fuego por algunos miembros de la Policía resultaron heridos por bala 75 ciudadanos y murieron 8 y no hay ninguna sanción concreta en Policía ni Fiscalía", señaló en su mensaje.
El 10 de septiembre, un día posterior a la muerte del estudiante de derecho, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, visitó a la familia de Ordóñez.
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En esa oportunidad reiteró el sentimiento de solidaridad y el compromiso de contribuir para que estos hechos fueron esclarecidos.
La muerte de Javier Ordóñez fue el detonante de una serie de asonadas y manifestaciones que se presentaron en Bogotá y otros puntos del territorio colombiano. Hechos en los que perdieron la vida por lo menos trece personas y otras 294 resultaron heridas, de las cuales por lo menos 70 habrían sido lesionadas por armas de fuego.
Pero de esos casos no quiere hablar el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa. Asegura que se están adelantando las investigaciones por parte de las autoridades competentes y que hasta que no se obtengan resultados concretos prefiere guardar silencio.
Tras los días de caos, en las redes sociales empezaron a conocerse imágenes que mostraban a uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá agrediendo a los manifestantes, incluso accionando armas de fuego aparentemente de dotación.
Precisamente con uno de esos videos que se logró, el pasado 13 de noviembre, identificar y capturar a uno de los patrulleros que -según la Alcaldía Local de Teusaquillo- agredido con una barra de metal la noche del 9 de septiembre a una ciudadana, en el sector del parkway.
Durante las protestas, por lo menos 72 CAI fueron vandalizados en la ciudad de Bogotá. El secretario de Seguridad de la capital del país, Hugo Acero, entregó recientemente un balance de la recuperación de los comandos policiales.
“Ya entregamos 26 de estos 72 CAI afectados; esperamos antes de finalizar el año poder entregar los restantes. En esta oportunidad, incluso se les adaptó una cámara de seguridad que será maneja directamente por la central de la Policía Nacional y estarán listos antes de finalizar el 2020”, indicó.
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