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Un juez de Bucaramanga falló a favor de la líder del Paro Minero, Ivonne Consuelo González, y ordenó a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, entregar en un plazo de 48 horas información clara y completa sobre el área de reserva temporal propuesta cerca a Santurbán. De no cumplir con la orden, la ministra enfrentará un posible desacato.
Según los demandantes, el ministerio entregó respuestas superficiales y generales que no resolvían las inquietudes de los pequeños y medianos mineros afectados por la creación de la reserva temporal, que ha generado incertidumbre económica en la región de Soto Norte, en Santander.
González, presidenta de Asomineros Vetas, expresó que, “la ministra se ha limitado a dar información incompleta e incomprensible para más de 35 mil campesinos y mineros legales que nos vemos afectados por esta medida inconsulta. El Gobierno, que tanto habla de diálogo social, sigue vulnerando nuestros derechos y se pasa por alto el Acuerdo de Escazú, que tanto promueve la ministra”, señaló la líder minera.
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En el fallo emitido el 10 de diciembre, el juez señaló que el Ministerio de Ambiente había vulnerado el derecho a la información al no dar una respuesta clara a las solicitudes planteadas por los mineros en la mesa de diálogo del 5 de noviembre.
En dicha mesa, Ivonne González solicitó, mediante un Derecho de Petición, información detallada sobre el impacto de las medidas gubernamentales en la minería, así como sobre la aplicación del Decreto 044 de 2024 y la formalización minera.
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El juez también ordenó al Ministerio que, en un plazo máximo de un mes, entregue toda la información solicitada por González. La falta de cumplimiento con este plazo podrá derivar en sanciones por desacato, lo que pone presión sobre el Ministerio de Ambiente para cumplir con la orden judicial.
Esta decisión judicial respalda las denuncias de los pequeños mineros de Soto Norte, quienes aseguran que las medidas del gobierno, como la creación de la reserva temporal, pueden condenar a la región a la ilegalidad y la pobreza.
Finalmente, los mineros señalaron que temen que la aplicación de estas políticas sin un análisis técnico y jurídico adecuado perjudique gravemente a las familias con arraigo minero en la zona, algunas con más de 500 años de historia minera.
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