Más de 80 inmuebles fueron sometidos a extinción de dominio por la Fiscalía

Son 87 los inmuebles que la Fiscalía General de la Nación sometió a extinción de dominio y que serían propiedad de la sociedad Eilat.

Dichos inmuebles hicieron parte de la sociedad comercial Promociones y Construcciones del Caribe Ltda., cuyo depositario y liquidador fue Camilo Bula Galiano, actualmente condenado por el desfalco a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Los bienes, que están avaluados en $220.000 millones, están localizados en el centro comercial Villa Country de Barranquilla y fueron afectados con medidas cautelares por el Juzgado Cuarto del Circuito de Descongestión de Bogotá, en 2005. Dos años después, esta determinación fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Lea también: Corte Constitucional negó la petición que hizo Minsalud para que aclarara el tema de la eutanasia

"Las investigaciones dan cuenta de que Bula Galiano asumió la administración de los inmuebles y, al parecer, las vendió en bloque y sin acatar el manual dispuesto por el Estado para la venta y enajenación de bienes de la DNE, entre otras múltiples irregularidades que están acreditadas en el proceso penal", señala el comunicado del ente acusador.

El material de prueba evidenció que se diseñó una estrategia ilegal para generar un avalúo muy por debajo al precio real de los bienes, direccionar la subasta definida para la venta y favorecer a un grupo determinado de compradores.

Las investigaciones dan cuenta que el intermediario del negocio fue Camilo Bula, exliquidador en la DNE, y esta actividad ilícita “habría ocasionado un detrimento patrimonial cercano a los 23.000 millones de pesos, para la época de la transacción”.

Le puede interesar: Pronto será una realidad el proyecto que reduce las vacaciones del Congreso

En ese sentido, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio volvió a imponer medidas cautelares sobre las propiedades, que quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), toda vez que la ocupación se dio “atendiendo una compulsa” realizada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción.