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El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, paz y territorio, la Universidad del Tolima y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe 'Más que estadísticas', que concentra las ejecuciones extrajudiciales o denominados ‘falsos positivos’ que se cometieron en el Tolima, entre el 2001 y el 2015.
El documento que llegó a la JEP da cuenta de 86 personas asesinadas presuntamente por integrantes del Ejército Nacional, en 60 casos diferentes que fueron perpetrados en municipios de este territorio.
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Las modalidades utilizadas fueron presentar a las víctimas como bajas en combates simuladas entre tropas del Ejército y grupos armados ilegales, también por ejecuciones extrajudiciales de civiles que son atribuibles a militares y asesinatos cometidos conjuntamente entre el Ejército y grupos paramilitares.
“En la ejecución de los crímenes encontramos la retención de las víctimas en contra de su voluntad, en otros casos utilizaron reclutadores civiles que mediante promesas de trabajos se llevaban a las víctimas a territorios en donde eran ejecutados. En la legalización operacional o encubrimiento encontramos la alteración de documentos que no se pueden elaborar sin el concurso de los superiores jerárquicos”, explicó Sebastián Escobar, integrante de Cajar.
El trámite del informe tiene como propósito que el Tolima sea priorizado dentro del macro caso 03, que corresponde a las investigaciones por asesinatos y desapariciones presentados como muertes en combate por agentes del Estado. Así mismo, el reconocimiento de las víctimas y la comparecencia de los altos mandos, para la época de los hechos, de la Quinta División y la Sexta Brigada del Ejército.
“Siento que ahora a las víctimas, las que somos víctimas del mismo Gobierno, se nos está teniendo en cuenta. Esto representa para mí la esperanza de que la muerte de nuestros seres queridos se esclarezca y sea dignificado su buen nombre”, expresó Bety Vega, madre de una de las víctimas. Su hijo, en condición de discapacidad, presuntamente fue asesinado por militares en el municipio de Cajamarca.
En un acto simbólico que se cumplió en la Universidad del Tolima, en Ibagué, voceros de las víctimas entregaron el documento al magistrado Óscar Parra Vera, miembro Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.
“Los hechos en el Tolima ya están siendo priorizados. El mensaje que hemos dado a la sociedad es que estamos analizando todos los hechos de los cuales tomamos información a nivel nacional, estamos definiendo los momentos y las estrategias para empezar a llamar ciertas personas y a emitir ciertas decisiones judiciales frente a personas y territorios”, expresó el magistrado Parra.
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Este es el treintaicincoavo (35) informe que llega a la JEP relatando lo ocurrido con los ‘falsos positivos’ en diferentes regiones del país.
